"Esta ley es un paso más en la búsqueda de generar protocolos y procedimientos que no sean violentos al momento de realizar un desalojo. Hoy con esta ley logramos una articulación entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Esta instancia implica la participación de más actores sociales y va contra las posibles situaciones de violencia institucional que pudieran darse", explicó la senadora Macha.

Además, la legisladora del Frente para la Victoria consideró que “en un contexto de tarifazos, suspensión de la obra pública destinada a planes de vivienda y retirada del Estado, esta ley viene a garantizar el derecho a la vivienda y a crear un marco legal, una protección posible, para las familias más vulneradas”. “Sabemos que para la Gobernadora el derecho a la vivienda de los sectores populares no es una prioridad ni una preocupación seria. Los profundos problemas habitaciones de la Provincia no encuentran respuesta efectiva por parte de Vidal. Volvimos a tener un Estado neoliberal que defiende los intereses de los sectores concentrados y deja a la intemperie a las grandes mayorías populares”.

El artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat ya establecía la posibilidad de que la Legislatura Provincial, por requerimiento de la autoridad de aplicación, suspendiera las medidas judiciales o administrativas que implicaran el desalojo de familias que habiten en villas o asentamientos precarios cuando integraran el Registro creado por el artículo 28º de la ley. Pero requería que se dictara una norma específica, lo que hacía que no fuera una herramienta práctica ni operativa.

En los fundamentos del proyecto aprobado ayer, se destaca que el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat consideró la necesidad de establecer una suspensión general de las medidas judiciales o administrativas que impliquen el desalojo de las personas que habitan en asentamientos precarios inscriptos en el Registro Público de Villas y Asentamientos por el plazo de dos años.

El texto aprobado en Diputados prevé una excepción para aquellos desalojos que se fundamenten en un peligro para la seguridad e integridad física de las habitantes, por factores socio-sanitarios, ambientales o por riesgo de derrumbe. "En estos casos, se deberá proceder a la relocalización de las familias, promoviéndose una solución habitacional definitiva para las personas y familias afectadas", precisó Macha.