Acompañada por todos los ex presidentes de Brasil vivos desde el fin de la dictadura, una emocionada Dilma Rousseff -que cuando era joven y guerrillera fue detenida y torturada- puso ayer en funcionamiento la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante los regímenes militares, aunque no tendrá facultades para juzgar.

"Al instalar la Comisión de la Verdad, no nos mueven el revanchismo, el odio o el deseo de reescribir la historia de una forma diferente de la que sucedió, sino que nos mueve la imperiosa necesidad de conocerla en su plenitud, sin ocultamientos, sin camuflajes, sin vetos ni prohibiciones", destacó Dilma en el Palacio del Planalto, secundada por José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).

En una muestra de madurez política, Rousseff reconoció el papel que desempeñaron sus antecesores democráticos pese a ser de diferentes partidos y muchas veces fuertes rivales. Sólo faltaban el primer presidente democrático del país, Tancredo Neves, que murió antes de asumir el poder, en 1985, e Itamar Franco (1992 -1995), que murió el año pasado.

La comisión, de siete miembros, tendrá dos años para investigar los crímenes cometidos entre 1946 y 1988, aunque se concentrará en el último régimen militar (1964-1985). Según datos oficiales, en la última dictadura murieron o permanecen desaparecidas 475 personas.

A diferencia de otras comisiones similares, la brasileña no podrá juzgar a los acusados de las violaciones de los derechos humanos, ya que existe desde 1979 una ley de amnistía que impide enjuiciar o encarcelar a los autores de esos crímenes políticos.

La polémica ley fue ratificada por el Supremo Tribunal Federal del país en 2010, aunque ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró "sin efectos jurídicos" la amnistía, y desde entonces varios fiscales han intentado -en vano- abrir juicios penales contra los represores. Se espera que, por lo menos, la labor de la Comisión permita localizar los restos de los desaparecidos.

"La ignorancia sobre la historia no pacifica, al contrario, mantiene latentes penas y rencores. La desinformación no ayuda a apaciguar, apenas facilita el tránsito de la intolerancia. La sombra y la mentira no son capaces de promover la concordia. Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad aquellos que perdieron amigos y parientes, y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo y siempre cada día", afirmó Rousseff, a quien en ese momento se le quebró la voz y soltó unas lágrimas, abrumada por sus recuerdos personales y emociones.

La Comisión quedó integrada por el juez Gilson Dipp, el ex ministro de Justicia José Carlos Dias, los abogados Rosa María Cardoso da Cunha (defensora de Rousseff durante la dictadura) y José Paulo Cavalcanti Filho, la psicóloga María Rita Kehl, el ex procurador general Claudio Fonteles y el sociólogo Paulo Sergio Pinheiro. Entre ellos hay divergencias en cuanto a los abusos que deben ser investigados, si sólo los de los militares o si también los de la guerrilla.

"El artículo primero de la ley señala que toda violación de los derechos humanos podrá ser examinada por la comisión", aclaró Dipp, impulsor de una investigación amplia.

Para Fonteles no tiene sentido incluir a los grupos armados. "La comisión es fruto de una ley que reconoció que el Estado violó derechos humanos a través de servidores públicos. Entonces tenemos que buscar examinar las conductas de los servidores públicos que violaron los derechos humanos", apuntó.

Entre el público que asistió a la ceremonia estuvieron varios familiares de víctimas de la dictadura y algunas ex compañeras de cárcel de Rousseff, detenida entre 1970 y 1972.

En el mismo acto, la mandataria firmó el decreto que reglamenta la ley de acceso a la información, que entró en vigor ayer y obliga a todas las instituciones públicas a brindar los datos que requiera cualquier ciudadano.

FUENTE: La Nación