Una banda integrada por delegados gremiales, funcionarios del Consejo Escolar de Moreno y agentes de la dirección de Escuelas provincial, tenía un aceitado mecanismo de fraude para conseguir el ingreso de auxiliares truchos en escuelas de esa ciudad. Eran personas que no cumplían los requisitos o que estaban inhabilitados para trabajar como porteros. Se estima que la estafa sería por más de un millón de pesos en haberes cobrados de manera irregular.

Este jueves, la policía realizó 9 allanamientos en la municipalidad de Moreno, en dependencias oficiales de La Plata y en domicilios particulares. Lograron detener a por lo menos cuatro de los seis integrantes de la organización: una funcionaria de la Municipalidad de Moreno, su hija y dos empleados del área de contralor del ministerio de Educación provincial.

La denuncia tiene más de un año y medio: comenzó por un caso de amenazas y porque las autoridades del Consejo Escolar detectaron que había por lo menos 60 casos de altas «truchas» al sistema educativo a partir de la falsificación de documentos, certificados médicos y falsos avales de títulos secundarios.

El sistema educativo de Moreno está atravesado por tragedias, incidentes, denuncias y paralización de las escuelas públicas. En agosto, la explosión de una estufa provocó la muerte de la vicedirectora de la primaria 49, Sandra Calamano y un auxiliar, Rubén Rodríguez. Ese episodio determinó la suspensión de clases en el distrito «hasta que todos los edificios estén en condiciones». Dos meses y medio después, se reanudaron las actividades en casi la mitad de los edificios, según dijeron las autoridades provinciales.

El 15 de septiembre, la docente Corina De Bonis (de un centro de Educación de esa ciudad) denunció un «secuestro y torturas», que fue amplificado por el Suteba local. Habría sido privada de su libertad cuando salió del trabajo y le escribieron en el abdómen: «ollas no», en referencia a la tarea solidaria que realizaba en el establecimiento. Sin embargo, la investigación judicial encontró contradicciones en su declaración y terminaron imputando por «falso testimonio» a la directora del centro, que avaló esa historia. Después se registró un incendio en una secundaria 36 de Paso del Rey y detuvieron a dos presuntos autores.

Ahora la Justicia avanzó con el caso que provocó un quiebre institucional en el Consejo Escolar. Ese organismo está intervenido por la Provincia, a partir de una seguidilla de episodios irregulares detectados el año pasado.

El 9 de febrero de 2017, se denunció en la Fiscalía 4, a cargo de Carlos Soñora, la falsificación de planillas remitidas a la Dirección de Educación, para que un grupo de personas que no trabajan en escuelas públicas de Moreno, perciban haberes como auxiliares. Se constataron casos de agentes que figuraban en los registros, pero no trabajaban. Y que la documentación para habilitar esos puestos habrían sido llevados a La Plata por delegadas del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El expediente sumó denuncias de varios directores de escuelas que constataron estas irregularidades. Uno de ellos, Elvio Nievas, era auxiliar del jardín de Infantes del Cuartel V, hasta 2015 pero fue detenido y estuvo preso dos años. Le ofrecieron «hacer gestiones» para que pudiera cobrar esos 24 meses a cambio de 10 mil pesos. Según denunció Nievas, fue Lilian Juarez, ex directora de Seguridad de Moreno, quien le ofreció la maniobra.

Pero cuando tuvo que pagar el «trámite» le exigió más dinero. Y como no pudo pagar, Juárez lo habría amenazado de muerte. Eso determinó la apertura de uno de los expedientes judiciales. Allí se pudo constatar, además, que la funcionaria municipal; su hermana Myriam Juarez (titular de UPCN Moreno) y su sobrina Bettiana Arazco, ingresaban licencias falsas a cambio de dinero. En la municipalidad de Moreno aclararon que «Juarez fue incluida en la función pública por presón de UPCN».

El ingreso de la Justicia en el Consejo Escolar de Moreno permitió el hallazgo de más cuestiones turbias. Con la participación de empresas privadas proveedoras de insumos hubo pagos irregulares y sobreprecios en alimentos para los comedores. Y también descubrieron otros casos de falsificación de títulos analíticos por parte de funcionarios del organismo, La fiscalía habría logrado comprobar que Myriam y Lilian Juarez, y Bettiana Arazco aprovechando los cargos públicos que ocupaban, obtenían datos de auxiliares titulares de escuelas – a través del sistema informático de UPCN y del Comando de Prevención Urbana – y mediante la elaboración de certificados médicos apócrifos, solicitaban licencias médicas en favor de estas personas, quienes desconocían las maniobras.

Entonces se generaban vacantes que luego eran cubiertas por personas que -las ahora imputadas- reclutaban y que, mediante la elaboración de certificados analíticos secundarios apócrifos, los hacían ingresar para cubrir las suplencias innecesarias.

Los beneficiados cobraban del Estado provincial sin trabajar. Y las planillas, analíticos, dictámenes y certificados médicos, eran remitidos al Departamento de Contralor de la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata, y cargadas – a sabiendas de su ilicitud – por el Agente Liquidador Gerardo Wenzel, también delegado de UPCN.

En total se pudieron constatar 16 hechos de defraudación en perjuicio de la administración pública por aproximadamente $1.000.000 y más de 60 casos de uso de documento público falso, resultando imputadas, un total de 81 personas.

Hasta la tarde del jueves estaban detenidos, Liliana Juárez, su hija Betiana Atasco; Gerardo Wensel. Contralor de la direccion de Escuelas y Claudia Menis quien también cargaba licencias truchas en La Plata.