El Gobierno nacional ha iniciado oficialmente en el día de ayer el proceso de postulación del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla como candidatos a jueces de la Corte Suprema, al abrir el proceso de recepción de impugnaciones y adhesiones a sus candidaturas en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la nominación del juez de Comodoro Py enfrenta una fuerte oposición en el Senado, lo que por ahora lo mantiene lejos de obtener la mayoría calificada de dos tercios de los presentes requerida por la Constitución para nombrar un juez en el máximo tribunal de Justicia.

Las críticas y cuestionamientos hacia la figura de Lijo son compartidos por todos los bloques de la oposición dialoguista, especialmente por la UCR y el Pro, y han recibido el rechazo explícito del senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa).

Aunque no tiene voto en este proceso, Victoria Villarruel también expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Javier Milei de respaldar a Lijo para ocupar un puesto en la Corte Suprema.

En un escenario donde todos los senadores voten, el Gobierno necesitaría 48 votos para asegurar la designación de un juez de la Corte. Por lo tanto, la única manera de que el Poder Ejecutivo pueda obtener esa mayoría para nombrar a Lijo sería a través de un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria, donde la voz de Cristina Kirchner aún ejerce influencia sobre al menos quince de los 33 senadores que conforman la principal bancada de oposición en el Senado. Sin embargo, según algunos informes provenientes de despachos con comunicación directa con la expresidenta, hasta el momento no ha habido contacto con la Casa Rosada sobre este asunto.

Inicialmente, el Gobierno tiene la intención de asegurar los dos tercios apuntando a los gobernadores peronistas con votos en la Cámara alta. Cuando se menciona el pliego de Lijo en relación a los mandatarios kirchneristas, todas las miradas se dirigen hacia Gildo Insfrán, gobernador de Formosa. Insfrán no solo cuenta con el respaldo del jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans (Formosa), sino que su nombre ha sido mencionado como uno de los «contactos» que supuestamente habría contactado el Poder Ejecutivo antes de anunciar públicamente la postulación del juez federal para el máximo tribunal.

Centrar la atención en Insfrán resulta lógico si se considera que fue el principal beneficiario de la decisión de Lijo de desdoblar el expediente Ciccone y remitir a la justicia federal de Formosa una parte de la causa que investigaba el presunto pago de coimas del gobierno de Insfrán a Amado Boudou a través de The Old Fund. Finalmente, esta causa se extinguió en los tribunales de Formosa. The Old Fund era la consultora vinculada a Boudou a través de su testaferro, Alejandro Vandenbroele, quien declaró como arrepentido en el expediente principal por la venta de Ciccone Calcográfica, que resultó en la condena de Boudou. Este caso es la razón por la cual el senador libertario Paoltroni anunció su rechazo a la postulación de Lijo.

El gobernador de Formosa no es el único con influencia sobre los votos peronistas en el Senado. De hecho, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, controla a los tres legisladores que representan a la provincia en la Cámara alta gracias a una maniobra electoral que le permite ser mayoría y primera minoría al mismo tiempo.

En los últimos días, desde la Casa Rosada se ha mencionado a Zamora como uno de los gobernadores considerados por el Gobierno para sumar votos a favor de la denominada ley ómnibus en el Senado, en caso de que este segundo intento logre superar el filtro de Diputados. «Si vamos a facilitar la negociación de la Ley Bases, bien podríamos también hacerlo para discutir el pliego de Lijo», expresaron desde un despacho oficialista, insinuando que la integración de la Corte podría formar parte de las negociaciones con el santiagueño.

También cuentan con el respaldo de senadores como el catamarqueño Raúl Jalil, quien ha mostrado una buena sintonía con la administración de Milei, el pampeano Sergio Ziliotto y el riojano Ricardo Quintela. Aunque estos dos últimos son críticos de la administración libertaria, tienen necesidades económicas que deben enfrentar al momento de gestionar sus distritos.

La lista de gobernadores peronistas con senadores que les responden en la Cámara alta no termina aquí, pero entran en una categoría donde la respuesta de sus legisladores se combina con otro factor: su alineamiento político con Cristina Kirchner.

Este es el caso del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien está en conflicto con el Gobierno por el reparto de fondos coparticipables, pero cuenta con el apoyo de Juliana Di Tullio y Eduardo de Pedro, dos senadores que equilibran su respaldo al gobernador con su lealtad a la expresidenta. También se encuentra en esta situación Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, cuya legisladora está alineada con La Cámpora.

El poder de influencia de Cristina Kirchner va más allá. Al menos una docena de senadores de provincias gobernadas por otras fuerzas, conocidos como «sin techo» en la jerga parlamentaria, muestran lealtad a la expresidenta. Entre ellos se encuentran la vicepresidenta de la bancada K en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), y Oscar Parrilli (Neuquén), quienes suelen ser los intermediarios entre el bloque y las decisiones adoptadas en la mesa de arena kirchnerista.

Las fuentes del Instituto Patria optan por mantener silencio cuando se les consulta sobre el papel que desempeñará el kirchnerismo puro y duro en la elección de Lijo para la Corte. Se limitan a decir que el pliego aún no ha ingresado al Senado para evitar comprometerse con alguna definición. Sin embargo, insisten en que hasta el momento nadie del Gobierno ha buscado iniciar negociaciones sobre los jueces del máximo tribunal.