La polémica compra de alimentos como aceite, fideos, azúcar, lentejas y arroz del Ministerio de Desarrollo Social sigue generando cuestionamientos y ahora también una denuncia por «malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración». Además, revelaron que un solo empresario se habría visto favorecido de la compra con supuestos sobreprecios.

La denuncia fue presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por la abogada, Silvina Martínez, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ) y denunciante contra el kirchnerismo en las causas Hotesur y Los Sauces junto a Margarita Stolbizer. «Tenemos a la misma persona detrás de las mismas empresas», acusó la abogada..

Según denunciaron en el programa, se trata de Víctor Lusardi, que dirige el Grupo L, propietaria de los tres proveedores que fueron beneficiados con la contratación directa. Además, este grupo empresario ya había sido denunciado por sobreprecios tanto por el Gobierno de Cambiemos como por el kirchnerismo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon a PERFIL que aún no se pagó, sino que el proveedor adelantó algunos productos.

En esa línea, Martínez explicó la operatoria: «En el marco de la contratación por emergencia, no hay licitación pública, es contratación directa. El Estado le tiene que mandar por mail a tres proveedores que están inscriptos dentro del registro de proveedores. O sea que fue el propio Estado el que eligió a los tres proveedores que correspondían al mismo grupo empresario. Hay algún funcionario que mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás de estos proveedores estaba la misma persona, el Grupo L.

Que ya habían sido denunciados anteriormente por el Gobierno de Macri y el kirchnerista, por el diputado Taihlade, por sobreprecios». «No contentos con que la oferta era por encima del precio de mercado, le piden informe a la Sigen, no contentos con que la Sigen dicen que el precio es por encima del valor que ellos mismos ponen, resuelven adjudicárselo igual de forma directa. Es un delito claro de corrupción. Desde el Ministerio de Desarrollo Social mandaron la oferta a estos proveedores y pasaron el presupuesto. Mucha buena suerte que justo el funcionario del Ministerio de Desarrollo elija a distintas empresas del mismo grupo y que hayan pasado una oferta más alta que el valor del mercado y se la hayan aceptado», dijo la abogada.