La denuncia contra el ex intendente que estuvo 24 años al frente Merlo, Raúl Othacehé, es por defraudación en perjuicio de la administración pública nacional, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y lavado de activos. El actual intendente, Gustavo Menéndez afirma que desde el inicio de su gestión, detectaron diferentes irregularidades cometidas con los fondos que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, transfirió al municipio.

Se trata de obras de infraestructura realizadas entre 2003 y 2015, financiadas por el Gobierno nacional, en las cuales notaron irregularidades en tres grandes proyectos, presupuestados en $207.275.937,15 que tenían como objetivo solucionar los graves problemas de urbanización que sufren los sectores más vulnerables de la población de Merlo.

Apunta directamente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que supo estar a cargo de Luis Bontempo y de Germán Nivello, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, que firmó convenios a lo largo de los años para llevar adelante la construcción de viviendas sociales.

"En total se iban a edificar en el Municipio de Merlo 700 viviendas. Uno de los programas incluía la construcción de 340 viviendas, otro de 192 y el restante de 168. Si bien estos programas ya llevan varios años de desarrollo, por lo que el Estado Nacional ha transferido cuantiosas cantidades de dinero, lo cierto es que estas viviendas nunca han sido finalizadas", afirmaron el legislador porteño Gustavo Vera y el alcalde Menéndez.

En estos convenios se estableció que los fondos otorgados por el Estado nacional eran un “financiamiento no reintegrable”. A lo largo de los años, Othacehé procedió a la licitación de cada uno de los proyectos, a la adjudicación de las obras y éstas comenzaron a ejecutarse.

En este sentido, algunas cuestiones encendieron las alertas por la manera en que se llevaron adelante estas obras. Por ejemplo, en el contrato celebrado entre el municipio y la contratista “Empresa Canning C.I.S.A. Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios Públicos La Iniciativa Ltda. Pemode S.R.L., Servicios de Ingeniería Eléctrica S.R.L. UTE” –encargada de la construcción de 340 viviendas– se estableció el pago de un 15% de anticipo financiero antes de comenzar la obra, el cual fue abonado por Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios.

La denuncia detalla que según información que se fue relevando en el municipio, este porcentaje de dinero, casi 10 millones de pesos, no era depositado en ninguna cuenta del municipio, sino que era cobrado directamente por la empresa constructora de manos del Ministerio de Planificación Federal.

Al respecto, Vera y Menéndez dudan si ese dinero ingresó en su totalidad a las arcas de la empresa constructora o sufrió algún desvío. "Ese mismo contrato se estableció que la obra debía finalizarse en 24 meses, pero lo cierto es que a la fecha, a varios años de haberse iniciado la edificación de los barrios destinados a cubrir las necesidades de las familias más necesitadas del municipio, eso aún no ha ocurrido", agregaron.

También denuncian que en noviembre del año pasado, una de las profesionales encargadas de certificar el avance de las obras, fue "apretada" por gente de Othacehé, por negarse a firmar el certificado ya que –con buen criterio– consideró que no se evidenciaban los avances correspondientes a la etapa.

Además, destacan que luego de que Othacehé perdiera las internas de octubre, a manos de Menéndez, la edificación del barrio donde se estaban construyendo las 340 viviendas fue sorpresivay violentamente usurpada por cientos de familias humildes, lo que motivó la intervención policial y judicial.

"De las averiguaciones realizadas, se pudo conocer una versión que indica que esa toma fue organizada por Raúl Alfredo Othacehe y ejecutada por distintos personajes violentos allegados al él con el objeto de destruir esas viviendas a fin de que, en caso de que se practiquen auditorías o controles, no se pudiera determinar el real avance de la obra, por cuanto el dinero entregado por parte de las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios excedía ostensiblemente las etapas concluidas", informaron Vera y Menéndez al presentar la denuncia.