Sobre la finalización de la duodécima sesión ordinaria, que fue un trámite, hubo un cruce de palabras en torno a la figura de José Ignacio Rucci entre Pedro Buonsante (Unión Pro) y los ediles justicialistas Liliana Liberatore, Alejandro Mellea y José María Fernández.

Hasta ese momento, lo único destacable era el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de resolución del ARI-Coalición Cívica (aprobados de manera unánime), relacionados con el recordatorio de la “Noche de los lápices”, el apoyo institucional al gobierno boliviano y un repudio a la desaparición de Jorge López.

A la hora de las expresiones verbales, el textil recordó el asesinato del líder de la CGT, ocurrido el 25 de septiembre de 1973, en un contexto en el cual distintas voces reclaman que sea juzgado como un crimen de lesa humanidad, supuestamente perpetrado por Montoneros.

Admitió que “quizá el movimiento obrero reclame de forma tardía su esclarecimiento”, que, apuntó, deberá ser “sin odios, pero con verdad y justicia”.

Tanta mesura dio paso al discurso de Buonsante, que encendió la polémica. “Fue asesinado de manera inescrupulosa”, dijo, y señaló que se trató de un “feroz ataque a la democracia por parte de guerrilleros”, quienes, luego mencionó, “hoy lo reivindican” desde el Gobierno.

Fue más lejos cuando indicó que “el terror estaba instalado en el país antes de 1976”. Minutos después debió aclarar que lo sucedido en el ’73 no justificó la última dictadura militar.

La primera en responderle fue Liberatore, quien sostiene que los delitos de lesa humanidad son sólo aquellos en los que existe intervención estatal directa. “Es lamentable que desde este Concejo volvamos sobre la teoría de los dos demonios”, manifestó, y remató: “Acá hubo un terrorismo de Estado”.

También precisó que Montoneros no se atribuyó el atentado y destacó que hay varias hipótesis, como la de una probable interna sindical.

Por su parte, Fernández efectuó una diferenciación entre el terrorismo de Estado y el accionar de “grupos clandestinos”, los cuales, de todos modos, no descartó que contasen con aval de funcionarios.

Por Elisa Rossi