La crisis de inseguridad que conmueve al gobierno de Daniel Scioli, volvió a poner en cuestión la permanencia de Carlos Stornelli, quien en febrero pasado manifestó su voluntad de abandonar el Ministerio. Sin embargo, continúa presente la misma razón que impide al gobernador aceptarle la renuncia: No encuentra un reemplazo solvente para el cargo más complicado de la provincia.

En ese marco, se incrementaron los contactos del gobierno bonaerense con el ex Ministro del área, León Arslanián, quien descarta de plano cualquier posibilidad de regresar a su viejo puesto.

Pese a haber sido un funcionario clave de Felipe Solá, Arslanián siempre mantuvo una excelente relación con Scioli, y en especial con su hermano, el secretario General, José "Pepe" Scioli. Incluso, las consultas que le hacen a este ex juez de las juntas serían mucho más habituales de lo que trasciende. Es más, poco antes de asumir su gestión, el ex motonauta le ofreció continuar en el cargo.

Hoy el nombre de Arslanián vuelve al ruedo, pero como sucedió en el pasado, sus allegados afirmaron: "León no quiere volver nunca más al Ministerio de Seguridad, pero sí ofrece nuevamente a todo su equipo si es que Scioli quiere utilizarlo".

El tema causa grandes dolores de cabeza en el Ejecutivo provincial. El ministro Stornelli, con un pie adentro y uno afuera, está superado por la situación e incluso en declaraciones periodísticas expresó que dejará el cargo si el Gobernador se lo pide.

MÁS RUIDOS EN EL GABINETE

El impacto de la crisis de seguridad no sólo afectó a los funcionarios del área. La propuesta que lanzó el gobernador desde Colombia, de bajar la edad de imputabilidad penal, abrió una grieta con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Arroyo no comparte la iniciativa y habría pedido tiempo para analizar alternativas. Sin embargo, ante la oleada de indignación popular que causó el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, en el que habrían participado menores, forzó a Scioli a lanzar la protesta.

No es el primer conflicto que sacude al gabinete sciolista, que empieza a sentir fuertes los rigores de gobernar una provincia con problemas del tamaño de un país, y sin los recursos necesarios para afrontarlos. En ese marco, la semana pasada quien estuvo envuelto en versiones de todo tipo fue el ministro de Economía, Rafael Perelmiter.

Apenas concluyó la impresionante movilización en San Isidro, Scioli convocó de urgencia a sus ministros a una reunión de gabinete para analizar distintas respuestas a las demandas de la gente.

Scioli encabezó el encuentro junto al vicegobernador Alberto Balestrini y el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. Participaron Stornelli, además de Daniel Arroyo, Mario Oporto (Educación), Ricardo Casal (Justicia), Claudio Zin (Salud), Oscar Cuartango (Trabajo) y el mencionado Perelmiter. El gobernador les explicó que es prioritario que trabajen de manera coordinada para "profundizar el abordaje integral" de las políticas que apuntan a disminuir la delincuencia.

"Vamos con todo en la búsqueda de consensos, a adoptar todas las acciones que sean necesarias y a potenciar la articulación con los poderes Legislativo y Judicial para redoblar los esfuerzos en el abordaje integral que venimos haciendo para afrontar esta problemática", subrayó Scioli ante el gabinete.

REUNIÓN CON FISCALES POR BAJA DE IMPUTABILIDAD

Una reunión fuera de agenda sorprendió al ministro de Justicia, Ricardo Casal, a la Procuradora General de Suprema Corte, María del Carmen Falbo, y a varios fiscales bonaerenses.

En el encuentro se analizaron las alternativas posibles para bajar la edad de imputabilidad para todos aquellos menores que cometan delitos graves en la Provincia, y temas vinculados a la inseguridad.

Previo a la reunión, se supo que María del Carmen Falbo y la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay criticaron el pedido del gobernador Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores a 12 años.

Falbo se mostró "irritada" con las críticas del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien la tildó primero de "absolucionista" y en declaraciones posteriores, se corrigió y dijo "abolicionista".

"La cuestión de bajar la edad de imputabilidad como única respuesta no soluciona nada, si el Estado no ofrece apoyo complementario. Me refiero a lugares que a los menores les den educación, deporte, alimento. El Estado debe dar herramientas de socialización, no mandarlo a una cárcel", se quejó la jueza.

Argibay dijo que "la gente que habla de bajar la edad de imputabilidad y dice que ahora todo es culpa de los menores, creerán que los menores cayeron de Marte. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos responsables".

SURGEN LOS PRIMEROS ROCES ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA

El ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, indicó, en contraposición a lo expresado por Scoli, que "si se baja de un día para otro la edad de imputabilidad, lo único que se va a conseguir es aumentar el número de personas dentro de las cárceles”.

“Hay que atacar las causas más que los efectos", agregó. "Tenemos que cumplir con la ley, si se cambia la ley para bajar la imputabilidad de los menores, vamos a conseguir meter más gente presa, pero el delito no va a bajar”, por lo que advirtió que “hay que ser muy prudentes” al respecto.

El funcionario remarcó que una modificación legal de ese tipo “tiene que estar dentro de una política que cumpla con los requisitos necesarios”, por lo que adelantó que su cartera puso el tema en estudio de analistas jurídicos.