Se realizó en el Palacio de Tribunales la audiencia de conciliación entre la Nación y la provincia de Córdoba convocada por la Corte Suprema. Del encuentro participaron el gobernador provincial, José Manuel de la Sota, el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Dragún, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el titular de la Anses, Diego Bossio, y ministros del alto tribunal.

También estuvieron presentes el fiscal de Estado de Córdoba, Jorge Eduardo Córdoba, el abogado patrocinante Alberto García Lema, el jefe de gabinete provincial, Oscar González, el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, el procurador del Tesoro de la provincia, Pablo Reyna y el secretario de Previsión Social, Osvaldo Giordano, entre otros.

Además del reclamo por la deuda previsional, la Legislatura cordobesa aprobó días atrás una ley impulsada por De la Sota por la cual la provincia abandona el pacto fiscal de 1992, que establece que la Nación retiene el 15% de la coparticipación a todas las provincias para compensar a la Anses.

Asimismo, el gobierno nacional informó que esa jurisdicción fue beneficiada en los últimos años por una transferencia de recursos de más de 132 mil millones de pesos, más que el total de lo gastado por las administraciones de José Manuel De la Sota entre 2003 y 2007 y Juan Schiaretti entre 2007 y 2011.

El gobernador cordobés reclamó diálogo a la Presidente para solucionar el diferendo y advirtió: "No somos destituyentes ni conspiradores ni estamos en una pulseada por el poder".

"Los argentinos y los cordobeses se merecen que, si hay una diferencia, el camino sea el diálogo", remarcó De la Sota, y aseveró que "todavía hay tiempo" para alcanzar un acuerdo y pidió "dejar de lado cualquier tipo de vanidad". Sin embargo, el mandatario provincial destacó: "Los dos representantes que mandó Cristina nos volvieron a plantear bajar las jubilaciones, que no paguemos el 82% móvil".

De la Sota dirigió un mensaje a la jefa de Estado tras fracasar la audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia entre la Nación y Córdoba, por la deuda de 1.040 millones de pesos que reclama ese distrito.

"Aparentemente el Gobierno contestará la demanda y la Corte será la encargada de impartir justicia", añadió, al tiempo que se preguntó: "Un gobernador que no defiende los intereses de los que lo eligieron, ¿para qué sirve?".

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

"La sensación que uno tuvo (en la audiencia) es que por momentos había rigurosidad en el análisis y por momentos era un político en campaña política en vez de tener un análisis riguroso y advirtiendo que quería tener una posición de diálogo frente a sus incumplimientos", declaró el titular de la Anses Diego Bossio en una conferencia de prensa.

Aclaró que el planteo realizado por Córdoba perdió “eficacia y exigibilidad” en virtud de incumplimientos del marco legal, un convenio suscripto por las partes en el 2000. Entre otras obligaciones, en dicho documento la provincia se había obligado a “armonizar” su sistema jubilatorio con el federal, algo que no sucedió, según el análisis del Gobierno.

“No le debemos nada a Córdoba y hemos cumplido con todos nuestros compromisos. La actitud de De la Sota se parece más a la de un político en campaña que a la de un dirigente que quiere arribar a un acuerdo a través de un diálogo serio”, replicó Bossio.

El titular del Palacio de Hacienda Hernán Lorenzino fue muy crítico con la administración de las finanzas públicas por parte del gobierno de De la Sota. Entre otros argumentos, explicó que la provincia está en déficit hace 4 años, que el 60% de la ejecución de su presupuesto es con fondos provenientes de la Nación y que el 84% de sus jubilados dependen de la Anses. Además, aclaró que en ningún momento se le pidió un ajuste, tal como indicó el cordobés.

“Es una provincia con problemas fiscales importantes. Parece lo más fácil echarle la culpa a otro y no dedicarse a gestionar y buscar las soluciones que los propios jubilados están reclamando”, enfatizó.

El gobierno de Córdoba reclama ante la Corte el giro de fondos previsionales correspondientes a los últimos dos años. Esta mañana se realizó una audiencia clave en donde el Gobierno aseguró que no hay deuda exigible debido a incumplimientos de la provincia serrana, entre ellos la no armonización del sistema provincial con el nacional.