El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó un Proyecto de Ley para crear el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Nación; que tendrá competencia para “formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional en materia de vivienda, apuntando al fortalecimiento de la promoción, construcción y desarrollo de la ‘vivienda social’ como política de Estado destinada a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

 La iniciativa, que también lleva las firmas de las diputadas Juliana Di Tullio, Dulce Granados, Stella Maris Leverberg y Mariel Calchaquí, fundamenta la creación del nuevo ministerio “en la necesidad de generar políticas de Estado para la resolución integral de los problemas de habitabilidad en el territorio nacional, garantizando el acceso a la vivienda, a saber:

 • vivienda para los diversos niveles sociales de la población, con especial atención de las necesidades insatisfechas en la materia de los sectores más vulnerables de nuestra población, y por ende, en la promoción y construcción de ‘viviendas sociales’;

• acceso a la tierra construida;

• infraestructura básica de soporte ambiental (agua potable, cloacas, electricidad y servicios);

• producción social del hábitat y participación;

• Identificación e implementación de diversos métodos de financiamiento para el acceso a la vivienda: a) créditos para planes habitacionales; b) créditos blandos individuales; c) cooperativas de vivienda; d) subsidios para construcciones nuevas y/o ampliaciones de viviendas existentes, y otros”

 El nuevo organismo se encargará de: la elaboración, realización y financiación de los Programas habitacionales del Sector Público Nacional o Provincial destinados a los sectores de recursos insuficientes con o sin capacidad de ahorro. También determinará la Política Nacional de Desarrollo Urbano y las acciones conducentes a la organización territorial, la política de uso de suelo, de ordenamiento territorial, de ejes directrices para el desarrollo sustentable de las ciudades según su dimensión y población, acorde con su escala y con su inserción en el espacio productivo -economías regionales-. Además, tendrá a cargo la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas de infraestructura social destinados al mejoramiento del hábitat de la población con necesidades básicas insatisfechas y de asistencia a la población damnificada por emergencias climáticas y naturales.