Por Alberto Carbone

Jamás creí que volvería a vivir escenas tan terribles como las que estoy viviendo. Es verdad. Este país ha cambiado.

No puedo creer tampoco que el treinta y cuatro por ciento de ciudadanos que votó a la actual administración en las últimas elecciones PASO, esté satisfecho con el accionar del gobierno nacional.

Pero que yo no pueda creerlo, no quiere decir nada más que eso.

La verdad es que los gobiernos sucesivos facultaron a varios extranjeros a acopiar tierras del Sur a cambio de unos cuántos puñados de Dólares. En la actualidad, el gobierno que vino a “cambiar”, transformó a la Gendarmería en un verdadero ejército de ocupación, que brega en favor de los terratenientes y en contra de las culturas “ancestrales”.

El caso “Maldonado” es sólo un ejemplo más de la fuerza devastadora que conlleva poseer la “suma del poder público”.

Existen entonces decisiones políticas anteriores a este gobierno y decisiones políticas que son responsabilidad de la actual administración. El control político y militar de la zona, con garantía de impunidad, es una figura nueva. Esta particularidad fue motorizada por el “cambio” en el gobierno Macriano.

Calificar como “desaparición forzada” a la atrocidad cometida en contra del joven Maldonado era una decisión que se debía tomar, porque caía por su propio peso. Todas las conclusiones del caso, estudiado dentro y fuera del país, condujeron hacia aquella interpretación. Evidentemente Macriano desesperó y algo sucedió después, porque la fiscal que dictó desaparición forzada, posteriormente justificó a la Gendarmería con algunas frases ilustres, similares a las que utilizara para el mismo menester, la autodidacta ministra Patricia Bullrich.

Mucho se ha dicho sobre este tema. Mucho se hablará. No sabemos aún que implicancias tendrá para el normal desarrollo de este gobierno, que enarboló la figura del diálogo, que se pretendió distinto, que se definió como la nave insignia de un “cambio” político y que ahora vemos, ya navegando en aguas profundas, que como el Titanic, van asomando heridas por los cuatro costados.

La desaparición de un chivo expiatorio no concluye el problema, porque el inconveniente persiste con o sin su presencia. Un desaparecido es a todas luces un mártir. Un inmolado. El peor resultado para un gobierno democrático.

Santiago estaba ese día allí y como le sucedió a él, pudo haber acontecido con cualquier otro. Que no aparezca él, significa que buscaban a uno cualquiera, no importaba a quién.

Que no aparezca él es prueba de dos cosas.

Primero es prueba de impunidad del gobierno que monopoliza los controles del Estado. Hace y deshace como si la única justicia fuera su deseo.

Segundo, que existe un grueso de personas, ciudadanos que votan, que deciden en las urnas, a quienes no les interesa ni la situación personal de Santiago, ni el problema de los aborígenes, ni debatir acerca de quiénes son y qué quieren aquellos que tienen el control económico y político de las vastas extensiones que adquirieron en el Sur de la Argentina.

La verdad, lo primero es coyuntural, porque se soluciona con el voto, con un auténtico “cambio” en las decisiones políticas y económicas.

Lo dramático es lo segundo. Porque el cambio real no alcanza con el voto, sólo es efectivo con un auténtico juicio de conciencia. El cambio real se logra a partir de que la gran mayoría entiende que no existe país próspero sin políticas públicas a largo plazo. Para ello la ciudadanía necesita comprometerse con un Proyecto de Nación, con objetivos a largo plazo, circunscriptos en la ideología progresista. No podemos salir del atolladero invocando un país para pocos.

Para lo segundo, creo que no estamos preparados.

Para empezar necesitamos que Santiago recupere su Libertad y su Vida.