La economía cotidiana de las familias entró en una zona de máxima tensión. Las tarifas de servicios públicos subieron muy por encima de la inflación y la morosidad en créditos al consumo tocó niveles que no se registraban desde hace 15 años. El resultado fue un presupuesto doméstico cada vez más ajustado y mayor dificultad para cumplir con cuotas y facturas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la canasta de servicios públicos aumentó 41% interanual en febrero, diez puntos por encima del IPC estimado en 31% para el mismo período. Un hogar promedio sin subsidios necesitó $192.181 mensuales para cubrir electricidad, gas, agua y transporte, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

En términos mensuales, el gasto bajó 0,3% frente a enero por razones estacionales. El menor consumo de energía y agua compensó parcialmente los ajustes tarifarios. Sin embargo, la comparación interanual mostró una presión creciente sobre el bolsillo.

El gas natural registró uno de los impactos más fuertes tras la quita total de subsidios durante el verano. El cargo fijo subió 3,2% y el variable 20% en promedio. Las facturas aumentaron 7,4% para usuarios sin subsidios y 21% para quienes dejaron de recibir asistencia estatal. La baja estacional del consumo atenuó el efecto, pero no cambió la tendencia.

En electricidad, el cargo fijo aumentó 3% y el variable 14,1% para usuarios sin subsidio. La demanda cayó frente al pico de enero, lo que evitó un incremento mayor en la factura promedio. En agua, el ajuste interanual fue de 19%, con un esquema de subas mensuales con tope.

El transporte fue el componente más pesado dentro de la canasta. La factura asociada al boleto de colectivo subió 56% interanual y explicó el 46% del gasto total en servicios públicos. En febrero, el incremento promedio fue de 3%.

Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la canasta de servicios del AMBA acumuló una suba de 593%, frente a un aumento de 200% en el nivel general de precios. Las tarifas avanzaron casi el triple que la inflación en ese período.

En febrero, estos gastos representaron el 11% del salario promedio registrado, estimado en $1.733.146. Con ese ingreso, un trabajador pudo adquirir nueve canastas de servicios públicos, frente a 9,6 en febrero del año anterior. El dato reflejó una pérdida de capacidad de compra en un rubro esencial.

Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar se deterioró con rapidez. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó 5,2% en noviembre, con una suba mensual de 0,7 puntos porcentuales, según el Banco Central. En el segmento hogares, la mora llegó a 8,8%, mientras que en empresas se ubicó en 2,3%.

El economista Christian Buteler advirtió: “Los créditos personales de las familias registran una mora del 11%, el nivel más alto de los últimos 15 años”. La irregularidad en préstamos personales pasó de 3,34% en octubre de 2024 a 11,00% en noviembre de 2025. En tarjetas de crédito, el salto fue de 1,57% a 8,41% en el mismo lapso.

El fenómeno resultó aún más severo fuera del sistema bancario tradicional. Según EcoGo, la irregularidad en proveedores de crédito no financiero trepó a 22,8% en diciembre de 2025, más de cuatro veces el ratio del sistema financiero. El stock de ese financiamiento alcanzó $13,15 billones y representó cerca del 24% del crédito total al consumo.

Los hogares destinaron cerca de una cuarta parte de sus ingresos al pago de deudas. El endeudamiento con entidades no bancarias equivalió al 34% de la masa salarial mensual, doce puntos por encima de diciembre de 2024.

Las tasas de interés aparecieron como uno de los factores centrales del deterioro. Buteler afirmó: “la morosidad no es solo ‘mal riesgo’, es matemática pura: salarios ajustando al 20% frente a un CFT (Costo Financiero Total) de tres dígitos”. Jorge Gabriel Barreto sostuvo que “hoy con estas tasas activas reales tan altas, quien se endeuda lo hace porque no tiene otra opción”.

Damián Di Pace señaló que existen tasas que “no ayudan a crecer, ayudan a hundirse. No hay relación alguna entre tasa 170% al cliente y tasa Badlar o Tamar que no llegan al 38%”. Desde Vectorial, Haroldo Montagu planteó que en Argentina “el gobierno desreguló por decreto el interés del pago mínimo de las tarjetas y la mora voló».

El crédito mostró cierta expansión, pero sin impacto claro en la actividad. Federico Furiase destacó que «los préstamos en pesos al sector privado pasaron de representar cerca del 4% del PIB a 8,8%». Sin embargo, informes privados advirtieron que la morosidad limitó ese efecto.

En el consumo masivo también surgieron señales de alerta. La Anónima informó que sus ventas cayeron casi cinco puntos y que la morosidad de su tarjeta propia se multiplicó por siete en un año.

Martín Rapetti advirtió: “La mora va a seguir subiendo porque es lo que dicen los bancos. Está creciendo mes a mes. Este año, otra vez, el crédito no va a empujar la economía”.

El cuadro combinó tarifas que absorbieron una porción creciente del salario y deudas con cuotas cada vez más difíciles de afrontar. En ese escenario, la economía familiar perdió margen y el atraso en los pagos dejó de ser un caso aislado para convertirse en una tendencia estructural.