En las islas de nuestro Delta se está viviendo una creciente ola de inseguridad. Los robos en las casas, de motores de lanchas y, en algunos casos, de las propias embarcaciones, se han convertido en una constante. La situación no solo preocupa por los daños materiales y pérdidas económicas, sino también por el profundo vacio de responsabilidad que se observa en todos los actores que debieran estar dando. respuestas concretas a nuestros vecinos isleños. 1/3

Los isleños, que no dejan de sentirse olvidados por el Estado, han comenz denunciar, con creciente desesperación, la falta de respuesta de las autoridades. A menudo, los responsables de estos hechos de violencia se movilizan con total impunidad, sabedores de que la presencia de la policía es casi nula y de que la Prefectura Naval, a pesar de ser el organismo encargado de velar por la seguridad en las vías fluviales, parece no contar con los recursos ni el personal suficiente para hacer frente a la creciente criminalidad. Esta desprotección genera un círculo vicioso en el que los delincuentes se sienten cada vez más libres de actuar.

Es una verdad incómoda pero palpable: las islas están atravesando una situación de desprotección crónica. En las últimas semanas, los robos de motores de lanchas y embarcaciones se han incrementado, a tal punto que ya no solo los residentes son las víctimas sino también privados que visitan o trabajan en la zona, con la consecuente afectación en puestos de trabajo y la economía local, cuando no del propio turismo que tanto aporte al crecimiento de Tigre. Los grupos criminales, actuando con total descaro, se están apoderando de nuestras islas, se están convirtiendo en amos y señores de una población que tiene miedo. Miedo de salir y dejar a sus casas solas, miedo de hablar por las represalias, y el número de hechos crece cada vez más. Nuestros vecinos de las islas, que dependen de las lanchas para su movilidad, se sienten atrapados en un contexto donde el robo ya no es un evento aislado, sino parte de su rutina diaria.

En este contexto, no es raro escuchar hablar ya de «zonas liberadas» en las islas. Aunque no se puede afirmar con certeza que haya complicidad directa por parte de funcionarios o cuerpos de seguridad, lo cierto es que la inacción es tan patente que da pie a especulaciones. Las denuncias de los isleños no solo apuntan a la falta de patrullajes, cámaras, etc., sino también a la presunta existencia de acuerdos informales entre delincuentes, ocupas y algunas personas con acceso a estructuras. de poder. Esta falta de control da pie a la proliferación de pequeñas organizaciones delictivas, algunas con vínculos con el narcotráfico, que encuentran en las islas un.

terreno fértil para sus actividades ilícitas. El Delta, lejos de ser un refugio natural, se va convirtiendo en un espacio donde la impunidad y la desidia de las autoridades se cruzan con los intereses de aquellos que operan en las sombras.

Si bien las autoridades locales han intentado mitigar la problemática con algunas acciones aisladas, la realidad es que la estrategia sigue siendo insuficiente. La falta de recursos y personal en la Policía de Islas y la Prefectura Naval, sumada a la escasa presencia de agentes en las áreas más afectadas y a los casi nulos recursos y medios, resulta en un sistema de seguridad completamente desbordado. A ello podemos sumarle la falta de una coordinación real entre ambas fuerzas y la ausencia de un plan integral para abordar el problema, factores que evidencian la falta de interés por parte del Estado para dar una respuesta concreta eficaz. Los isleños, por su parte, tienen la sensación de que, ante el abandono institucional, cualquier intento de denuncia termina en saco roto. «Nadie nos escucha», afirman casi con resignación.

La inseguridad no es el único flagelo que aqueja a los habitantes de las islas. La desconexión con el resto de la provincia y la falta de infraestructuras básicas agravan aún más la situación. Las lanchas, esenciales para la movilidad y el transporte, son ahora un objetivo constante de los delincuentes, lo que genera un círculo vicioso de desprotección y vulnerabilidad. Las familias que residen en las islas, muchas veces sin acceso a servicios básicos como salud, educación, conectividad y agua potable, se ven doblemente afectadas por la inseguridad. La sensación de abandono se profundiza con el paso del tiempo, y los isleños se ven forzados a lidiar con el miedo y la frustración ante la inoperancia institucional. Mientras tanto, las autoridades prefieren centrarse en temas que consideran más «urgentes», dejando a la deriva a una población que, por su condición geográfica, se ve aún más vulnerable.

Lo que se requiere con urgencia es una respuesta firme, coordinada y sostenida a lo largo del tiempo, donde Nación y Provincia entiendan de una vez que el delito nos afecta a todos por igual, que el delito no reconoce colores políticos. La falta de medios materiales y humanos debe ser atendida de manera prioritaria. Las autoridades provinciales y nacionales deben invertir en más recursos para las fuerzas de seguridad y, a su vez, mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos de las islas, quienes también son argentinos, ciudadanos bonaerenses, con los mismos derechos a la protección y la seguridad. Las promesas de mejorar la seguridad suenan vacías si no van acompañadas de un compromiso real, con presupuestos claros y acciones concretas que permitan revertir esta situación.

Es necesario que la Policia de Islas y la Prefectura Naval asuman de una vez por todas su responsabilidad, con un compromiso claro de mantener el orden y garantizar la seguridad. La política de «mano dura» o de «pasar de largo» no puede seguir siendo la respuesta ante una situación que ya ha sobrepasado todos los límites. No es un capricho de los isleños, es una cuestión de justicia. El Delta no puede seguir siendo tierra de nadie, donde el crimen y la desidia del Estado se imponen sin freno. Las autoridades tienen la obligación de intervenir de manera decidida, con patrullajes regulares, medidas de control efectivas y una presencia constante que garantice el orden y la seguridad en toda la región.

En definitiva, lo que estamos observando es una gravísima crisis de seguridad, pero también de gobernanza. Mientras los delincuentes se apoderan del territorio, el Estado se muestra ausente, incapaz de brindar respuestas claras, rápidas y eficaces. Si no se actúa de inmediato, las islas del Delta continuarán siendo un espacio de vulnerabilidad, desprotección y creciente criminalidad, donde las sombras del narcotráfico y otros ilícitos encuentran terreno fértil para su expansión.

Es hora de que las autoridades de todo nivel recuperen lo que le pertenece a los isleños: su derecho a vivir y trabajar en paz. Nuestros vecinos del Delta merecen, más que nunca, que la política de seguridad sea una prioridad, y que el Estado, en su conjunto, asuma su deber de protector y garantía de sus derechos. La falta de acción ya no es una opción, los vecinos han comenzado a armarse y la muerte ronda en cada muelle.