La salida de Esteban Leguizamo adquiere mayor dimensión porque apenas unos meses antes había rechazado públicamente que el organismo estuviera atravesando una situación terminal.
La crisis en PAMI se profundiza, ya que, además de estar atravesando un fuerte desfinanciamiento que se ve reflejado en deudas millonarias a prestadores, incluidos medicos, clinicas, sanatorios, farmacias y otros actores de la salud, ahora se suma la acefalía por las renuncias del director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo y su número dos, Carlos Zamparolo, una decisión que fue rechazada por el titular del Ministerio de Salud, Mario Lugones.
Cabe destacar que esta decisión se da mientras el director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo fue imputados y citado a declarar en una causa penal que investiga delitos de desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos discriminatorios.
La acción judicial responde a la negativa de la obra social estatal de acatar una orden emitida por la Justicia, a raíz de un amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que exigía la restitución del programa «Vivir Mejor», el cual garantizaba la cobertura automática e integral de medicamentos a jubilados y pensionados de todo el país.
En este contexto, prestadores de servicios denuncian que no obtienen respuestas por la falta de autoridades de la obra social para jubilados y pensionados en Argentina. Si bien las renuncias de Leguizamo y Zamparolo fueron a comienzos de agosto, esto impacta de lleno en la sostenibilidad de la red de atención.
La salida de Esteban Leguizamo adquiere mayor dimensión porque apenas unos meses antes había rechazado públicamente que el organismo estuviera atravesando una situación terminal.
En mayo de 2026, el entonces director ejecutivo sostuvo que el instituto no se encontraba en una “crisis profunda” ni en un “colapso”, aunque reconoció que atravesaba un escenario de “crisis” y “estrés”. Según estimaciones provenientes de entidades del sector sanitario, el organismo acumularía una deuda superior a los $500.000 millones con clínicas, sanatorios, farmacias, laboratorios y profesionales médicos.
