A pesar de la sentencia que declaró inconstitucional la venta de Costa Salguero, el Gobierno porteño seguirá con el proyecto de cambiar las normas urbanísticas del predio mientras que el Frente de Todos profundizará la iniciativa popular para derogar la privatización y crear allí un parque: se descuenta que la controversia llegará finalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

El martes, una sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la CABA, Leonardo Furchi, declaró la inconstitucionalidad de la ley 6.289, que autorizó la venta de las tierras ribereñas a partir del argumento -objetado hasta ahora por la Justicia- de que el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco es de dominio privado.

El juez Furchi, de ese modo, hizo lugar al amparo que había presentado la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) con el acompañamiento de la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La ley 6.289 fue impulsada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y aprobada en diciembre de 2019 con votos del bloque oficialista Vamos Juntos y de los bloques aliados UCR-Evolución, que lidera el senador nacional por la CABA Martín Lousteau, y Partido Socialista, uno de cuyos miembros, el legislador Roy Cortina, ocupa la vicepresidencia 3º de la Legislatura.

En su resolución, Furchi argumentó que dicha ley es “contraria a los artículos 63 y 89 de la Constitución de la Ciudad”, que establecen que para que el Estado local pueda desafectar bienes de dominio público, como las tierras de la costa del Río de la Plata, la Legislatura debe sancionar una ley mediante el tratamiento conocido como ‘doble lectura’, es decir con dos votaciones en el recinto y una audiencia pública entre ambas en la que se escucha directamente la opinión de la ciudadanía.

En cambio, el oficialismo de la Ciudad sancionó la ley 6.289 con una sola votación, “basándose -cuestionó el juez- en la opinión de una funcionaria”, quien afirmó que las tierras correspondientes a la Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184 -por el predio de Costa Salguero- son de dominio privado, como puede ser el edificio de un Ministerio u otras oficinas estatales.

Como Furchi es un juez de primera instancia es previsible que el Gobierno porteño apele su sentencia y el conflicto llegue a instancias superiores, como las Cámaras y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

“Hay que sostener la iniciativa popular porque ya conocemos el poder que tiene el gobierno de Larreta en la Justicia. El Ejecutivo va a querer avanzar igual”, afirmó en diálogo con Télam el legislador porteño del Frente de Todos Matías Barroetaveña.

Por estos días, el FdT de CABA reúne las casi 40.000 firmas necesarias para presentar en la Legislatura una iniciativa popular que busca derogar la ley 6.289 y crear en Costa Salguero un parque público a llamarse Diego Armando Maradona.

La iniciativa popular es uno de los mecanismos previstos por la Constitución de la Ciudad para presentar proyectos de ley, por lo que el oficialismo porteño que responde a Rodríguez Larreta, incluso teniendo mayoría en la Legislatura, se vería obligado a tratarla en el recinto.

“Vamos a seguir trabajando por un gran parque público, por la recuperación del río y la Costanera para el disfrute de todas y todos”, adelantó Barroetaveña.

Y sobre ese punto evaluó que el “buen desempeño electoral que tuvo el Frente de Todos en (las elecciones de) 2019 le impide al oficialismo continuar con el plan sistemático de venta de tierras públicas, más de 500 hectáreas en los últimos años”.

“Por eso -siguió Barroetaveña- se ve forzado a realizar estas maniobras de interpretación, que luego naufragan en la Justicia”.

Sobre el proyecto oficial de construir en Costa Salguero edificios de hasta 10 pisos de altura, el legislador del FdT detalló que el Gobierno porteño “tiene presupuestados más de 4.000 millones de pesos, 1.700 millones de ellos en 2021, para la infraestructura urbana necesaria para las torres”.

Es que además de la venta de Costa Salguero, Rodríguez Larreta impulsa una ley de ‘rezonificación’ de 32 hectáreas de tierras ribereñas al Río de la Plata, con el objetivo de permitir allí la construcción del complejo urbanístico de edificios de lujo.

Dicha ley de rezonificación fue aprobada en primera lectura en octubre de 2020, con los votos de la coalición oficialista Vamos Juntos más el aporte de UCR-Evolución y Partido Socialista.

La rezonificación luego fue debatida durante más de dos meses, entre noviembre y enero último, en una audiencia pública que tuvo récord de participación y en la que el 98% de los oradores se manifestó en contra de la privatización.

Cuando finalizó la audiencia, el oficialismo de la Ciudad anunció de todas formas su decisión de seguir adelante con el proyecto de rezonificación.

Sobre la audiencia pública, el legislador Javier Andrade, también del FdT, consideró que “el fallo de Furchi le dio la razón a las distintas organizaciones ambientales y a la oposición en la Legislatura, que expresaron el rechazo al proyecto de negocio inmobiliario”.

Esta semana, tras conocerse el fallo de Furchi, desde el bloque Vamos Juntos de la Legislatura indicaron a Télam que la segunda votación de la ley de rezonificación “sigue en agenda”, ya que, entienden, no está vinculada estrictamente a la venta de predio ribereño.

Y además anticiparon que el conflicto por la venta de esas tierras continuará su curso en las distintas instancias judiciales.

“El gran decisor de este conflicto va a terminar siendo el Tribunal Superior de Justicia, que está cuestionado públicamente por dictar sentencias que favorecen al jefe de Gobierno”, advirtió sobre ese punto el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que impulsó la causa judicial para impedir la venta de Costa Salguero.

En diálogo con Télam, Baldiviezo se refirió también a la ley de rezonificación: “Si no se puede vender el predio, la discusión sobre qué se autoriza a hacer allí a los futuros compradores perdió sentido”, analizó.

Y en relación a las últimas medidas de la Ciudad, cuestionó: “Sin argumentos serios, el Gobierno (porteño) prorrogó la licitación de Costa Salguero a la empresa Telemetrix, que el 30 de abril tendría que haber dejado el predio para que vuelva a ser público”.

Para Baldiviezo, Costa Salguero “debe transformarse inmediatamente en un gran parque público”, objetivo que en los últimos meses se convirtió en la bandera común de ONG ambientalistas, jóvenes agrupados por fuera de los partidos, colectivos de arquitectos y, por supuesto, también de la oposición en la Legislatura.