El Gobierno eligió el repliegue. Tras el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de un grupo amplio de funcionarios y operadores, la Casa Rosada evitó fijar posición. No impulsó una defensa pública ni desplegó una estrategia de contraataque. La causa avanzó sin contención política y dejó al descubierto una trama que superó el encuadre original.

El juez federal Sebastián Casanello describió un esquema que funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Según el fallo, la ANDIS operó como un núcleo de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, con sobreprecios y pagos privilegiados para proveedores específicos. El procesamiento incluyó cargos por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos.

En un primer momento, el expediente se leyó como un problema del entorno de Karina Milei. Esa interpretación se apoyó en la difusión de audios de Spagnuolo, donde se mencionó un presunto “3% para Karina”, y en la aparición del nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los armadores políticos más cercanos a la secretaria general de la Presidencia. Ese eje inicial ordenó la discusión interna durante meses.

El avance judicial alteró ese encuadre. La investigación alcanzó al universo ligado a Santiago Caputo, tanto por la figura del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete como por las conexiones entre la ANDIS y el PAMI. Ambos organismos compartieron proveedores, mecanismos de compra y circuitos administrativos. Los registros incautados por la Justicia incluyeron libretas, planillas y chats con iniciales de alto voltaje político.

Calvete ocupó un lugar central en la hipótesis judicial. Sin cargo formal en el Estado, la causa lo ubicó como nexo entre Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y las droguerías beneficiadas. El expediente le atribuyó capacidad de incidencia en adjudicaciones y flujos de pagos. Su rol funcionó como puente entre funcionarios y empresas privadas, una zona gris que amplió el alcance político del caso.

La dimensión del escándalo creció por el vínculo familiar. Ornella Calvete, hija del operador, ocupó hasta noviembre pasado un cargo directivo en el Ministerio de Economía. Renunció sin explicaciones públicas cuando la causa tomó volumen. La Justicia la procesó y secuestró 700.000 dólares en efectivo en su domicilio, dinero que no pudo justificar. El fiscal Franco Picardi incorporó chats entre padre e hija que ayudaron a reconstruir el circuito bajo sospecha.

El impacto no terminó allí. También dejó su cargo Javier Cardini, pareja de Ornella y subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Su salida arrastró a otros nombres del entorno familiar. Ese movimiento expuso cómo la trama judicial atravesó áreas sensibles del Estado y zonas de influencia compartidas por el karinismo y el caputismo.

En Balcarce 50, la reacción oficial fue mínima. La línea pública se redujo a una frase: “Es un tema que está investigando la Justicia”. No hubo intentos por desacreditar el expediente ni por ordenar un relato defensivo. El silencio buscó evitar una escalada interna, en un contexto donde la causa ya no distinguió facciones.

El capítulo sanitario sumó otra capa de tensión. Tras la disolución formal de la ANDIS y su conversión en secretaría dentro del Ministerio de Salud, el Gobierno había prometido un proceso de saneamiento. El fallo judicial planteó un escenario distinto. Según Casanello, el organismo funcionó con “compulsas especiales” que simularon competencia. Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos.

Las conexiones con el PAMI reforzaron la incomodidad política. El organismo previsional, bajo la órbita del caputismo, apareció ligado a los mismos circuitos de proveedores y autorizaciones. El nombre de su número dos, Carlos Zamparolo, surgió en los registros secuestrados. La causa rozó así el corazón del diseño de poder libertario, donde Salud y PAMI operaron como áreas estratégicas.

El fallo dejó una advertencia abierta. El juez señaló que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y mencionó la posible existencia de “otro nivel de complicidades”. Esa definición explicó el clima de cautela extrema. El expediente dejó de ser un problema sectorial y pasó a convertirse en una amenaza transversal, con potencial para escalar y sumar nuevos nombres.

Por ahora, el Gobierno apostó a dejar correr la investigación. El silencio oficial reflejó una certeza incómoda: la causa ANDIS no golpeó a un actor aislado, sino que expuso una red que atravesó a las dos alas del poder dentro de la Casa Rosada.