El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) acusó al gobierno de Javier Milei de impulsar un esquema de concesiones con peajes que viola la Constitución y beneficia a empresarios vinculados a la obra pública tradicional. La entidad anunció que evalúa acciones judiciales para frenar las próximas licitaciones.

El titular del organismo, Ricardo Lasca, calificó la medida como “un régimen nefasto que fracasó en los 90”. Sostuvo que se trata de un “falso peaje”, ya que los recursos recaudados no se aplican a mejorar las rutas ni existe un volumen de tránsito que justifique el cobro.

Desde Conaduv advirtieron que la propuesta oficial restringe el derecho constitucional al libre tránsito, al no prever caminos alternativos sin costo. Según los pliegos licitatorios, las empresas solo deberán realizar tareas básicas de mantenimiento, como corte de pasto o limpieza, sin obligación de ampliar la infraestructura vial.

El nuevo sistema prevé triplicar los peajes y agregar 54 estaciones a las ya existentes, lo que implica una frecuencia promedio de una cada 97 kilómetros. Lasca ejemplificó el impacto sobre el transporte pesado: “De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes”, explicó.

Otro punto objetado por la organización es que el plan contempla concesiones a 30 años sin un ente regulador, a pesar de que el servicio tiene carácter público. Por esa razón, analizan presentar una medida cautelar para suspender las licitaciones hasta que el Congreso sancione una ley que garantice la participación de los usuarios en el control.

Lasca recordó que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación lleva 16 años vacante, lo que dificulta canalizar reclamos de alcance federal. El Conaduv presentó gestiones a través del Defensor del Pueblo del Chaco, pero la Justicia rechazó la legitimidad provincial. También impulsaron un amparo en Gualeguaychú para suspender el cobro de peajes, aunque no prosperó.

La organización denunció además que el Estado recauda unos 3.000 millones de dólares anuales por el Impuesto al Combustible, fondos que deberían destinarse a obras viales y que, según afirman, “son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación”.

El Gobierno enfrenta otra contradicción: la primera concesión vial se financiará con créditos subsidiados del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad pública. El paquete abarca las rutas 12 y 14, adjudicadas al empresario José Cartellone, procesado en la causa de los Cuadernos por diez presuntos pagos de sobornos. Si resultara condenado, el Estado debería anular la concesión.

Lasca señaló que con este modelo “se están premiando a empresas de la patria contratista”, en referencia al discurso oficial que había cuestionado a la “Cámara Argentina de la Corrupción”.

El dirigente consideró que el sistema de peajes es inviable, porque no genera ingresos suficientes ni garantiza obras de envergadura. “En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo, lo poco que se hizo fue con fondos del Estado nacional o de las provincias”, afirmó. Recordó que el tema había sido tratado con Guillermo Francos cuando ocupaba la Jefatura de Gabinete. “Da bronca cómo nos mintieron”, expresó.

El Conaduv propuso que Vialidad Nacional recupere la administración, el mantenimiento y la planificación de la red vial, y que se adopte un modelo de gestión pública con control ciudadano y destino específico de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.