Por Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria

La eficacia de la justicia es un elemento central de la seguridad pública y a su vez un indicador de la calidad de vida de los ciudadanos, quienes lo han convertido en un reclamo urgente, sentido y expresado desde diversos sectores sociales.

Desde la modificación del sistema de enjuiciamiento penal en la provincia, la investigación preparatoria a un juicio y la acusación corresponden a los fiscales. Para superar el viejo sistema inquisitivo y la instrucción por parte de la Policía Bonaerense que mostraba su ineficacia, utilización corporativa y en muchos casos delictiva de esa facultad, se concibió la idea de la Policía Judicial, dependiente del Poder Judicial. La reforma constitucional así lo reflejó en su artículo 166, donde señala que la Legislatura por ley “organizará la Policía Judicial”. La historia no escrita señala a los jefes de “la maldita policía” presionando a los constituyentes para evitar perder este poder arbitrario, que también formaba la caja ilegal que manejaban.

Sin embargo, 17 años después sólo existe un cuerpo de instructores. La provincia de Buenos Aires está en deuda con la democracia, la división de poderes y la justicia. La falta de policía judicial es una clave del déficit, que se convierte en un reclamo social amplio cuando casos delictivos impactan en la opinión pública y muestran la cruda realidad.

Con el telón de fondo de esta falta, los fiscales, por estar sobrepasados, por convencimiento o por ineficacia, en la mayoría de los casos “policializaron” la investigación. Esto quiere decir que la agenda criminal y las medidas de investigación están en cabeza de la policía administrativa dependiente del Poder Ejecutivo, que rompe así el equilibrio entre los poderes y las misiones que cada uno tiene.

La realidad nos enfrenta a los errores, frecuentemente irreparables, emanados de decisiones judiciales basadas en investigaciones realizadas por la Bonaerense. Muchas de ellas parten de la innumerable cantidad de casos donde personal policial está vinculado a hechos delictivos. Como una zona gris de convivencia y connivencia con redes ilegales, como la trata de personas para la explotación sexual, la regulación de la venta de drogas, el reclutamiento de menores para delinquir, la extorsión a grupos vulnerables para someterlos a conductas ilegales, el armado de causas como las que investiga el juez de Mar del Plata Juan Tapia.

La ineficacia y las complicidades son los principales obstáculos para superar las zonas de impunidad y una mejor prestación del servicio público de justicia. Muchas veces ante el reclamo social frente a la impunidad, la corporación policial reclama más poderes arbitrarios que son parte del problema. Con lo cual, otorgarlos sólo apunta a calmar el reclamo ciudadano, pero de ninguna manera a superar realmente la complejidad del problema.

Con este convencimiento hemos elaborado el proyecto de ley creando la Policía Judicial en la provincia, que pretende contribuir a la seguridad jurídica colectiva, dentro del marco del la Seguridad Democrática y el respeto a los Derechos Humanos.

En este sentido hemos trabajado, realizando un amplio estudio de los antecedentes legislativos y las experiencias existentes en nuestro país y en América Latina. Hemos incorporado a este proyecto los aportes de experiencias exitosas, adaptándolos a las condiciones y posibilidades de la provincia, trabajamos con un calificado grupo de expertos de diferentes ámbitos para finalmente desarrollar un articulado completo, pero abierto a propuestas de calidad que lo mejoren y amplíen en tanto su condición de futura ley.

El propósito de este proyecto es fortalecer la función del Poder Judicial en la investigación penal, para lograr una mayor calidad en la justicia.

La propuesta de la Comisión Provincial por la Memoria pone sobre la mesa la discusión concreta de un proyecto de ley, para evitar discusiones genéricas sobre su conveniencia que ha poblado el temario de infinidad de congresos y seminarios de hombres del derecho, y tratar de convertirlo en la decisión política de un amplio espectro político y social. Por ello invitamos al diálogo a los actores del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a las universidades y expertos a concretar la transformación que necesita el sistema de seguridad pública y la política criminal provincial. De este problema, la ley que buscamos consensuar es sólo una parte, pero una parte clave para desandar los caminos de la impunidad que todos rechazamos.

En febrero de 2011, el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD) que integramos señaló: “Los problemas de seguridad que vive la provincia de Buenos Aires también están ligados a fuertes condiciones estructurales que garantizan impunidad. Una de ellas es la delegación de la investigación penal de los fiscales a la Policía Bonaerense, una fuerza sospechada de contener grupos delictivos en su seno que gerencian o regulan el delito. En muchos casos la policía ha sido separada de las investigaciones, que quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional.

Este cuadro exige cumplir la norma constitucional que dispone la creación por ley de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ello permitirá aumentar el grado de independencia y eficacia de las investigaciones judiciales y disminuir el ámbito de discrecionalidad policial para el armado de causas o venta de resultados de las investigaciones por personal policial.

El Poder Ejecutivo provincial ha propuesto la conformación del Cuerpo de Investigadores Judiciales dependientes del poder administrador y puesto al servicio de los fiscales. Es un paso adelante pero, a nuestro entender, insuficiente. Creemos que los sucesos reiterados de infinidad de casos, algunos con gran impacto en la opinión publica como las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga, casos más recientes como el de Candela Rodríguez o Carolina Píparo, las torturas y armado de causa sobre Alejandro Alonso, el asesinato del joven Fabián Gorosito, el secuestro de Antonio Echarri, o la pesquisa policial sobre la familia Pomar, muestran la necesidad del cambio profundo.

La profesionalización de la actividad investigativa, poniéndola en manos de funcionarios judiciales, la formación y capacitación técnica permanente de sus miembros, el surgimiento de una nueva estructura, regida por principios y procedimientos que vengan a establecer un cambio definitivo en las prácticas investigativas del proceso y establezca un piso de recursos técnicos y científicos que además puedan ser requeridos y aprovechados por todos los fueros en beneficio de la ciudadanía toda, son parte de las reformas democráticas profundas que necesita la provincia de Buenos Aires. Su concreción e implementación gradual cambiará este modelo que demasiados dolores e injusticias ha provocado en muchas décadas.

* Alejandro Mosquera es Secretario Ejecutivo de la Comisión por la Memoria.