La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes la condena de 4 años y medio de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de 3 años y medio para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por el pago de sobresueldos en la década del ’90.

Las camaristas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma votaron por rechazar los recursos interpuestos por las defensas y dejar firmes las condenas que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) por la comisión del delito de peculado por el pago de sobresueldos a funcionarios que lo acompañaron en su segundo mandato de gobierno, entre 1995 y 1999. En tanto, el juez Eduardo Riggi se inclinó por hacer lugar a los planteos realizados.

En esa causa fue condenado también el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, que recibió una pena de tres años y tres meses de prisión. La sentencia fue dictada el 1 de diciembre de 2015 y sus argumentos difundidos el 2 de marzo de 2016.

Ahora, con la condena confirmada, Cavallo quedó cerca de la detención ya que, a diferencia de Carlos Menem, no cuenta con fueros parlamentarios. De todas formas, aún queda la instancia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de justicia.

Menem, Cavallo y Granillo Ocampo fueron hallados culpables del delito de peculado, que establece penas de entre dos y diez años de prisión al «funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo». Los tres también fueron condenados a la pena accesoria de no poder volver a ejercer cargos públicos.

Los jueces que acusaron en su momento a Menem y ex funcionarios dieron por probado que durante el gobierno del actual senador por La Rioja se pagaban sobresueldos a los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado a través de fondos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amparados en el decreto ley 5315/56 que establecía ello pero únicamente para tareas vinculadas con la seguridad nacional.

El argumento era que algunos ministros cobraban menos sueldo que directores o funcionarios de carrera de los ministerios que ellos encabezaban, pero durante el juicio se comprobó que esa diferencia salarial no era tal, dijeron fuentes de la acusación. Luego, a través de otro decreto, se asignó la misma plata pero para el rubro de «gastos de representación», ítem que, según fuentes judiciales, aún hoy se sigue cobrando en la administración pública.