La exjueza Alejandra Velázquez, quien estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, fue condenada a tres años de prisión tras ser hallada culpable del delito de “cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública” en una causa vinculada a irregularidades en procesos de adopción.

La resolución fue dictada por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro y, aunque recibió una pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, la exmagistrada obtuvo el beneficio de la libertad condicional debido al tiempo que llevaba detenida.

Según consta en el fallo, Velázquez reconoció el delito imputado y tanto la fiscalía como la defensa acordaron la pena establecida. La sentencia señala que la exjueza ofreció dinero a dos funcionarias públicas para que omitieran actuaciones vinculadas a expedientes de adopción dentro de su competencia funcional.

El texto judicial aclara que el delito quedó configurado por el solo hecho de haber ofrecido dinero, aun cuando la propuesta no prosperó. De acuerdo al expediente, las funcionarias rechazaron de forma categórica el ofrecimiento.

Un escándalo que explotó años después

Aunque los hechos investigados se remontan a 2011, el caso tomó estado público en 2017, cuando Velázquez fue apartada de su cargo en Pilar en medio de denuncias por presuntas irregularidades en adopciones y graves deficiencias en el funcionamiento del juzgado.

En aquel momento, testimonios incorporados a la investigación aseguraban que la exjueza promovía maniobras para captar mujeres embarazadas en situación vulnerable o niños en condiciones de adoptabilidad, en un esquema que internamente llegó a describirse como la búsqueda de “conseguir panzas”.

También se detectaron anomalías en expedientes de adopción, principalmente vinculados a familias de alto poder adquisitivo del distrito. Distintas denuncias señalaban presiones sobre mujeres de bajos recursos para entregar a sus hijos a cambio de dinero.

Sin embargo, el fallo judicial reciente no profundiza sobre esas acusaciones ni acredita esos hechos específicos, sino que se limita al delito de ofrecimiento de coimas en el marco de procesos de adopción.

De detenida en España a libertad condicional

La exjueza había sido localizada por Interpol en España luego de que en julio de 2024 se ordenara su detención. Fue encarcelada allí en julio de 2025 y extraditada a la Argentina el 21 de agosto de ese mismo año.

Desde entonces permaneció bajo prisión domiciliaria en una vivienda de Tigre. Debido a que ya acumulaba más de ocho meses detenida y la condena no supera los tres años, su defensa solicitó la libertad condicional, pedido que fue aceptado con aval de la fiscalía.

Así, Velázquez fue condenada y beneficiada con la libertad condicional el mismo día. La medida podrá ser revocada si cambia de domicilio sin autorización o comete un nuevo delito.

La pena de prisión finalizará el 1° de julio de 2028, mientras que la inhabilitación para ocupar cargos públicos se extenderá hasta julio de 2031.