Allí, Piketty desarrolla un meticuloso estudio empírico en el que argumenta que el crecimiento de la desigualdad en el mundo desarrollado se debe a una contradicción interna del capitalismo tardío y no a factores coyunturales. Sea o no correcta esta tesis, lo que me interesa resaltar es el impulso político y moral que motiva el argumento de Piketty. Dice en una de las múltiples entrevistas recientemente concedidas: "La evidencia histórica es que nuestras instituciones democráticas pueden ser capturadas por grupos pudientes mucho más fácilmente cuando existe una concentración extrema de la riqueza. Para mí, esto es lo que debería preocuparnos." La extrema desigualdad puede ser una amenaza para la salud de la democracia.

¿Qué factores subyacen al conflicto entre concentración de la riqueza y democracia? La agenda económica de los ultra ricos muchas veces se concentra en dos ejes: impuestos más bajos y, en la mayoría de los casos, menor intervención estatal, ya que dependen sólo de manera indirecta de los bienes y servicios financiados públicamente. A medida que la desigualdad aumenta, sus intereses se distancian cada vez más de los del resto de la sociedad. Y según muestra el estudio de Piketty, la tendencia se ha ido acentuando en varios países industrializados durante las últimas décadas. Efectivamente, el 1% más rico de los hogares de Estados Unidos concentra hoy 22,5% de los ingresos totales, la concentración más alta desde 1928 en ese país. La concentración de la riqueza es mayor aún: el 1% más rico es propietario de 35% de la riqueza del país, mientras que la mitad de abajo posee sólo 5%. Y lo peor es que tras la crisis económica reciente la tendencia se aceleró. Casi todo el crecimiento de la economía entre 2010 y 2012 terminó en manos del 1% más rico. El fenómeno se explica por el contraste entre la pronta recuperación de dividendos y beneficios, el estancamiento de los salarios y la lenta baja del desempleo.

A mayor concentración económica, mayores recursos tiene esa clase para impulsar por distintas vías las políticas que la favorecen. Entre las legales, la más directa son las contribuciones a las campañas electorales. Nuevamente, Estados Unidos provee un ejemplo reciente que ha sido muy criticado por distintos medios, incluyendo el diario New York Times: las restricciones a las sumas que pueden donar los individuos a las campañas electorales se relajaron en abril de este año por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El fallo mantiene el tope preexistente para donaciones a campañas federales que puede hacer cada ciudadano a un candidato en particular, pero elimina los topes a nivel agregado. En estas condiciones, un individuo podría contribuir hasta 3,6 millones de dólares por ciclo electoral al total de candidatos de su preferencia y a los comités de partidos políticos. Este ejemplo es una ilustración de lo que teme Piketty: el poderío económico no sólo puede llegar a obtener favoritismo particular desde la política, sino que afecta ya las reglas básicas de la contienda democrática según las cuales todos los ciudadanos tienen igual voz.

El argumento según el cual el avance de la clase ultra rica es en perjuicio de la democracia se refuerza si el resto de la sociedad, menos pudiente pero más numerosa, encuentra dificultades para acordar una agenda en común. Suele perseguir intereses difusos y contradictorios, que se reflejan en paquetes de políticas cuyos costos y beneficios se distribuyen de manera poco clara entre individuos a lo largo del tiempo. Por esa razón, la "agenda de las mayorías", si es que existe tal cosa, suele ser compleja y encuentra más restricciones para avanzar. A veces lo hace por prueba y error y otras veces impulsada por hechos fortuitos como una guerra o una crisis económica.

En esta última dirección va Piketty cuando analiza el contexto histórico y político que favoreció la desconcentración de los ingresos y de la riqueza en los Estados Unidos y en Europa durante el período comprendido entre la crisis de 1929 y mediados de la década de 1970. En Europa, la necesidad de financiar dos guerras mundiales y la posterior reconstrucción en un marco de legitimidad exigía la adopción de un esquema impositivo fuertemente progresivo. Por otro lado, en los Estados Unidos la crisis económica de 1929 erosionó la riqueza acumulada por los sectores privilegiados y dio visibilidad a demandas sociales que provocaron una revolución política. Se entiende en este contexto, por ejemplo, el establecimiento de alícuotas impositivas en torno al 90% para los ingresos más altos que impulsó Roosevelt en las décadas de 1930 y 1940.

El último punto, tal vez el más controvertido, discute si el pico de desigualdad que alcanzaron en la actualidad muchos países desarrollados puede revertirse como ocurrió en torno a mediados del siglo pasado. Para Piketty, sin intervención política, la desigualdad seguirá aumentando con consecuencias potencialmente devastadoras. La razón es que sería cada vez más difícil para sociedades donde la riqueza se encuentra altamente concentrada que las instituciones democráticas promuevan la implementación de políticas para el bienestar común.

A juzgar por la repercusión que ha tenido El Capital en el Siglo XXI, el argumento de que la desigualdad extrema es un problema para la democracia sigue generando interés. Por mi parte, estoy de acuerdo. El desafío pasa por cómo crear sociedades donde cada vez más personas tengan las herramientas y la capacidad de desarrollar sus proyectos de vida. Para eso, hay que multiplicar y expandir recursos educativos, culturales y emprendedores entre la población. El papel del Estado sería lograr la emancipación del ciudadano de la necesidad de depender de él. Como alguna vez escribió Voltaire, "la verdadera desgracia no es la desigualdad, sino la dependencia."