El presidente Javier Milei sostuvo ante su entorno que las reformas estructurales debían seguir un orden preciso. Primero avanzó con la laboral. Luego proyectó la impositiva. Más adelante ubicó la previsional. Esa secuencia marcó la hoja de ruta económica del oficialismo.

Pero en la Casa Rosada apareció otra discusión. Envalentonado por los triunfos legislativos, el Gobierno comenzó a evaluar una reforma electoral con la mira puesta en 2027. La conversación surgió en una reunión de la Mesa Política. No hubo definiciones formales, aunque el tema quedó instalado.

“No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, afirmó una fuente con acceso directo al Presidente. Desde el círculo más cercano agregaron otro dato: “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”.

La condición política resultó evidente. Para que el programa económico continúe, La Libertad Avanza necesita ganar la próxima elección presidencial. En ese contexto, el oficialismo analizó reglas que podrían impactar en la competencia.

Uno de los puntos que más adhesión reunió fue la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para 2027 o su eliminación definitiva. El argumento central apuntó al costo fiscal. En el Gobierno sostuvieron que la instancia representó un gasto que chocó con la meta de déficit cero. También observaron que el esquema interno del oficialismo no requirió primarias, ya que la estructura partidaria respondió a un liderazgo centralizado bajo la conducción de Karina Milei.

La eventual ausencia de PASO obligaría a la oposición a ordenar candidaturas antes de la elección general. En Balcarce 50 interpretaron que ese escenario podría forzar acuerdos amplios en sectores que hoy exhiben tensiones internas.

Otro eje en estudio fue la modificación del financiamiento de los partidos políticos. El proyecto que el oficialismo impulsó en 2024 propuso eliminar el aporte extraordinario estatal para campañas. El texto sostuvo que “la Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”. La iniciativa mantuvo el Fondo Partidario Permanente, pero buscó ampliar el peso de los aportes privados.

En los despachos oficiales también evaluaron cambios en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La idea consistió en facilitar la inscripción, pero endurecer las condiciones de permanencia. El requisito de votos mínimos podría subir al 3% en dos elecciones consecutivas. Además, el número de afiliados necesarios para sostener un partido nacional aumentaría de forma significativa. El objetivo político fue reducir la fragmentación del sistema.

La boleta única de papel apareció como otro punto de debate. Varios integrantes de la Mesa Política propusieron incorporar un casillero que habilite el voto por lista completa con una sola marca. En 2027 se elegirán Presidente, Vicepresidente, parlamentarios del Mercosur y diputados nacionales. En ocho provincias se sumarán senadores nacionales. La boleta será más extensa que en las legislativas previas. El oficialismo entendió que un diseño simplificado podría ordenar la oferta.

La discusión recién comenzó. No existió un proyecto cerrado ni consenso definitivo. Sin embargo, el Gobierno interpretó que la fortaleza parlamentaria reciente le otorgó margen para abrir el debate y moldear el escenario electoral de 2027. En la Casa Rosada nadie descartó que el tema ingrese en la agenda de sesiones ordinarias. El calendario político ya empezó a marcar el ritmo.