En diálogo con LaNoticiaWeb Radio, el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, criticó duramente la interpretación oficial de los datos de pobreza y presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional por presuntas irregularidades en el régimen de retenciones a las exportaciones agroindustriales.

Basado en el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Lozano sostuvo que el Gobierno intenta mostrar como éxito lo que es una baja estadística esperable tras un pico inflacionario. “Milei está sacando de la pobreza a los mismos que empobreció”, afirmó, al explicar que el indicador de pobreza por ingresos es volátil y responde a la evolución de precios y salarios.

“La canasta básica para una familia tipo ronda el millón doscientos mil pesos. Si los ingresos no acompañan el salto de precios, como ocurrió tras la devaluación del 118% en diciembre, la pobreza se dispara”, explicó. Según el IPyPP, en el primer semestre de 2024 la pobreza superó el 50%, en línea con crisis históricas como la hiperinflación de Alfonsín o la salida de la convertibilidad.

Además, Lozano denunció que el Gobierno impide al INDEC aplicar una encuesta de gastos actualizada (de 2018), lo que distorsiona los datos. “Si se usara esa canasta, la pobreza sería cuatro o cinco puntos más alta”, advirtió, y remarcó que el indicador oficial no contempla otras dimensiones como acceso a vivienda, salud o empleo.

Denuncia penal por el “Fraude de las Retenciones Cero”

Junto al abogado Jonatan Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, todos candidatos por CABA, Lozano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro Luis Caputo y funcionarios de Agricultura y ARCA.

Según Lozano, el decreto que eliminó las retenciones permitió un “negociado descomunal” con siete empresas cerealeras (Bunge, Dreyfus, COFCO, Viterra, Cargill, Molinos y Ascentra), que en 48 horas declararon ventas por 7.000 millones de dólares sin haber comprado la producción. “El Gobierno les pidió dólares a cambio de eliminarles las retenciones, generando una ganancia de 1.540 millones de dólares para esas firmas”, denunció.

El esquema, según los denunciantes, viola la ley vigente que exige acreditar compras antes de registrar exportaciones. “Ahora las cerealeras les comprarán a los productores descontándoles la retención, que ya no irá al Estado sino que será embolsada por las empresas. Es una privatización encubierta de las retenciones”, concluyó Lozano.