Luego de varias modificaciones y del fuerte debate que generó un primer borrador, el Gobierno nacional presentó oficialmente su proyecto de ley para reformar el sistema educativo argentino. La iniciativa, denominada “Ley de Libertad Educativa”, propone derogar la normativa vigente desde 2006 y reemplazarla por un nuevo esquema que otorga mayor protagonismo a las familias y busca reducir la intervención directa del Estado.

El texto final mantiene los ejes centrales anunciados por la administración libertaria, aunque elimina algunos puntos que habían generado mayor rechazo. Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un examen nacional al finalizar la escuela secundaria y la incorporación de mecanismos de evaluación docente periódica.

Cambios clave en el modelo educativo

El proyecto plantea una transformación profunda del sistema, con una mayor autonomía para las instituciones y nuevas alternativas para las familias. Entre las principales novedades se destacan la posibilidad de implementar un sistema de financiamiento por demanda —conocido popularmente como vouchers—, la legalización de la educación en el hogar y la publicación de resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela.

Aunque el término “voucher” no aparece de manera explícita en el articulado, la ley habilita distintos instrumentos de financiamiento directo a las familias, como bonos, becas o créditos fiscales, con el objetivo de garantizar la libre elección del establecimiento educativo y promover la competencia entre instituciones.

Educación en casa y rol de los padres

Otra de las innovaciones más importantes es el reconocimiento formal del homeschooling. La normativa contempla esta modalidad dentro de lo que denomina “formas alternativas de enseñanza” y permite que los estudiantes en edad escolar reciban educación fuera de una institución tradicional, siempre que se registren en el sistema y rindan las evaluaciones correspondientes para acreditar conocimientos.

En la misma línea, el proyecto prevé la creación de Consejos Escolares de Padres en las escuelas públicas. Estos organismos tendrían funciones de supervisión, rendición de cuentas y asesoramiento institucional, e incluso participarían en los procesos de designación o remoción de los directores.

Transparencia, evaluaciones y nuevo examen nacional

Con el argumento de que las familias puedan tomar decisiones informadas, la iniciativa autoriza la difusión pública de los resultados de pruebas educativas por establecimiento, algo que actualmente está prohibido por la ley vigente. Esa información debería publicarse en un portal oficial de acceso abierto.

Además, el proyecto establece la implementación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación voluntaria destinada a los estudiantes que finalicen la escuela media. El examen abarcará contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, y también podrá rendirse después de haber egresado.

Evaluación docente y auditorías universitarias

La propuesta incluye también la evaluación obligatoria de los docentes al menos cada cuatro años, como parte de un sistema de control de desempeño. A esto se suma un capítulo dedicado a las universidades nacionales, donde se refuerzan los mecanismos de auditoría externa e interna para garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.

Con este proyecto, el Gobierno busca avanzar en una reforma estructural de la educación argentina, alineada con su visión de mayor libertad de elección, participación familiar y control del gasto estatal. El debate ahora quedará en manos del Congreso, donde se anticipa una fuerte discusión política y social.