Con escenas que recuerdan los peores momentos de la historia argentina, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, desplegó una serie de operativos en el conurbano bonaerense que culminaron con la detención de cinco militantes peronistas. La decisión judicial, impulsada a partir de una denuncia del diputado libertario José Luis Espert, encendió las alarmas por su sesgo político y el uso de figuras penales propias de contextos de excepción.

Entre los detenidos se encuentra Eva Mieri, concejala del Frente de Todos en Quilmes, aprehendida tras un allanamiento en su vivienda y en su oficina del municipio. “Mi vieja es una militante barrial. La policía le rompió la puerta, se la llevó esposada y le secuestró el celular y una computadora. No es un delito ser peronista”, relató su hijo Marcos, con la voz quebrada, durante una conferencia de prensa en el Congreso Nacional.

La primera detenida había sido Alexia Abaigar, arrestada días atrás por colocar un cartel con críticas a Espert y por presuntamente arrojar desechos frente a su domicilio en Beccar. Desde entonces, permanece alojada en el penal de Ezeiza. Según denunció su madre, también fue esposada, incomunicada durante dos días y trasladada “como si se tratara de una delincuente peligrosa”. Incluso contó que fue obligada a salir y entrar varias veces de una dependencia policial para que las cámaras oficiales pudieran registrar su rostro sin capucha.

El modus operandi se repitió con el resto de las detenciones:

• Candelaria Montes Cató, de 24 años, militante de La Cámpora en Escobar

• Aldana Muzzi, de 45 años, trabajadora social de Villa Martelli

• Iván Díaz Bianchi, estudiante de fotografía y voluntario en tareas solidarias en Bahía Blanca

En todos los casos, los procedimientos incluyeron despliegues desproporcionados, en algunos casos en domicilios de familiares, y sin presencia de representantes del juzgado interviniente.

La respuesta del Ministerio de Seguridad no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial en redes, Patricia Bullrich difundió imágenes de los arrestos y celebró con frases provocadoras: “La concejal tira caca, detenida”. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, fundamentó las detenciones en supuestas amenazas y delitos vinculados al artículo 213 bis del Código Penal, que castiga la pertenencia a agrupaciones que busquen “imponer ideas por la fuerza o el temor”. Abogados y especialistas advirtieron que la interpretación es desmedida y contraria a la finalidad del artículo, pensado para contextos de terrorismo o violencia armada.

“¿De verdad un pasacalle y un insulto justifican esta maquinaria represiva?”, preguntó el abogado Rodríguez Basalo, representante de Mieri. “Lo que está ocurriendo es ilegal, inconstitucional y peligrosamente autoritario. No hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento. Estas personas están presas por pensar distinto”.

Organismos de derechos humanos también se pronunciaron en duros términos. En un comunicado, advirtieron sobre la utilización del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento político. “Mientras se persigue a militantes, Milei, Espert y sus funcionarios promueven la violencia sin sanciones. Sin libertad política, la democracia está en jaque”, expresaron.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también se refirió al caso: “Esto no tiene lógica jurídica, sólo los mueve el odio. A mí me dejaron una bala en la casa, y no hicieron ni un trámite. Pero por un cartel frente a la casa de Espert, cinco personas están presas. ¿Dónde están las prioridades?”.

Durante la conferencia de prensa en el Congreso, encabezada por diputados de Unión por la Patria, se sumaron testimonios de familiares que hablaron del temor y la angustia que provocaron los operativos. “Nos quieren asustar, pero no vamos a dejar de militar ni de pensar distinto”, dijo el compañero de una de las detenidas.

Mientras tanto, el show mediático continúa. La Policía Federal sigue difundiendo imágenes de los arrestos como si se tratara de un logro, cuando en realidad se trata de una grave vulneración de derechos. Los abogados defensores ya preparan presentaciones judiciales para exigir la inmediata liberación de los detenidos y denunciar el abuso de poder.