Buenos Aires, 13 julio (NA) — El Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó a los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido (ex ministro de Planficación) y José López (ex secretario de Obras Públicas) a cinco años de prisión, además de haberlos inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

Asimismo, se dictaron penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios; de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

Mario Piantoni, ex máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, ex gerente comercial fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los ex directivos como Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba recibieron la pena de tres años en prisión condicional.

El Tribunal que anunció, este mediodía, el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a ex funcionarios públicos fue acusada, además, de ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras.

Anteriormente, el ex ministro de Planificación fue condenado por la tragedia de Once; la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia en noviembre de 2025 y fijó la pena en cuatro años de prisión por ser considerado partícipe necesario por cometer delito de administración fraudulenta.