El concejal francisquista opinó sobre el tratamiento del Presupuesto 2011, estipulado en 462 millones, y consideró que el proyecto presentado por el Ejecutivo “va en contra de la gente”. Apuntó a la quita de la bonificación a médicos y docentes y a la partida de Seguridad. “El intendente tiene que dejar de pensar en engrosar la caja política en miras a un año electoral y cumplir con los compromisos asumidos”. Fuerte puja en el Concejo.
Hoy, en el Concejo Deliberante de Vicente López toda la atención está puesta en el Presupuesto de 2011, un año, casualmente, electoral. El presidente de la Comisión de Hacienda, Fabián Gnoffo, había anunciado a La Noticia Web la intención de aprobarlo en la sesión del 2 de diciembre, pero no ingresó el viernes 26 de noviembre el dictamen correspondiente, lo cual dilata la discusión con la oposición, abroquelada en ciertos reclamos.
Carlos Arena, de Unión Celeste y Blanco, puntualizó algunos de estos reclamos, “muchas partidas no estaban desagregadas, faltaban detalles en la información, entonces no se puede visualizar el nivel de gasto de 2011”, y remarcó: “Estamos discutiendo vehementemente la incorporación del 20 % que le han sacado a los docentes y médicos”.
¿Qué impresión tuvo luego de las dos reuniones que mantuvieron?
Noté que hay poca predisposición a transparentar la toma de decisiones. Si bien es cierto que el presupuesto es una herramienta que construye el Poder Ejecutivo y que envía al Concejo Deliberante para su tratamiento, no es que lo manda para su aprobación o desaprobación. El Presupuesto viene al Concejo para su tratamiento, se lo debe tratar y no decir si está o no de acuerdo. Muchas partidas no estaban desagregadas, faltaban detalles en la información, entonces no se puede visualizar el nivel de gasto de 2011.
Es una actitud ambigua. Por un lado dicen que están compartiendo la información antes de que llegue al recinto…
Pero es una información parcializada por lo que usted dice.
Es una información absolutamente incompleta porque lo que enviaron es un extracto, no el presupuesto en su conjunto. Le hemos pedido al presidente de la Comisión aquello que faltaba y recién hoy a la mañana (jueves) nos ha llegado esa información.
¿Qué pidieron precisamente?
Pedimos el desagregado de las partidas, no puede ser que nos venga, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno o de Salud Pública un rubro en la planilla donde diga “otros gastos por valor de 7 millones de pesos”. Tenemos que saber de qué está compuesto esa proyección de gastos. Lo mismo pasa en materia de seguridad, que es un tema que nos preocupa mucho. No aparece detallado dónde va a estar la inversión de seguridad. Es más, la inversión en seguridad está exclusivamente ligada a lo que reciba el municipio de los gobiernos nacional y provincial por el plan de apoyo civil comunitario. No hay inversión genuina en el municipio. El único plan de la Dirección de Seguridad es la implementación de un servicio de seguridad propia dentro del Palacio Municipal, una vergüenza. Además, estamos discutiendo vehementemente la incorporación del 20 % (de bonificación) que le han sacado a los docentes y a los médicos, que tuvieron un congelamiento de sueldo en todo 2010. Eso alcanza un universo de alrededor 4 mil personas. Un requisito “sine qua non” para aprobar el presupuesto es discutir un mayor presupuesto en materia de seguridad, algo que preocupa a los 300 mil habitantes del distrito.
Con el tema del plus por jerarquización, ¿cómo es hoy la situación?
Hoy, la respuesta es un silencio de radio por parte del Ejecutivo. El intendente no le ha dicho ni a sus propios concejales. Ese silencio radicaría en un “no”, y únicamente estaría atado a un aumento que dé el gobierno provincial. No es así. Es un derecho adquirido que se sacó en 2010. También hay algunos reclamos judiciales que van a seguir estando.
Los médicos y docentes que se reúnen con usted, ¿anticipan que harán medidas de fuerza?
Absolutamente, y eso se traduce también en un desgano en la prestación del servicio, porque no están cómodos, fueron castigados por ejercer su derecho a reclamar con la implementación por el sistema de control por huellas dactilares en las áreas de Educación y Salud, un sistema que no se hace de manera igualitaria. Lo que tenemos que explicarle a la gente es que esto no es un capricho de los médicos y docentes, sino que es un acta acuerdo que firmó el propio intendente. Fue un derecho laboral adquirido, nos va a traer un grave perjuicio económico, mayor que el pago de ese incremento. Además, vamos a tener que pagar todos los costos judiciales y los intereses por sus reclamos legítimos.
El Ejecutivo dice que no hay de donde sacar esa partida e invitan a la oposición a que les diga de dónde obtenerlo.
El presupuesto es amplio, hay 462 millones, y lo que hay que hacer no es inventar nuevos recursos o aumentar el ABL –como está prevista para enero-, sino administrar mejor. Hay delegaciones municipales que tienen siete cuadras de diferencia, por ejemplo la de Carapachay y Villa Adelina, y los vecinos no conocen prácticamente los nombres de los delegados. Con la de La Lucila sucede algo similar. También hay que hacer un sinceramiento de la planta política y la superposición de cargos que tiene el municipio. Muchos cargos jerárquicos cobran hasta más del 200 % de su salario, es decir, triplican sus salarios por las bonificaciones especiales. Y después no hay para pagarle a un docente o un médico. Hay que administrar mejor los recursos y optimizar la prestación de un servicio eficaz y eficiente.
El problema no es que no hay dinero, acá hay que administrar mejor lo que se tiene y abandonar obras superfluas como el Vial Costero (por más que sea dinero que viene de Nación), el ensanchamiento de la calle Yrigoyen. El intendente tiene que dejar de pensar en engrosar la caja política en miras a un año electoral y cumplir con los compromisos asumidos.
Entonces, la intención del oficialismo de sacarlo la semana que viene es imposible.
Lo vemos muy difícil, yo valoro la apertura y el diálogo que ha generado el presidente de la Comisión de Haciendo, pero sobre el final intentan apurar la firma de un dictamen, cuando el intendente todavía no se manifestó si está entre sus prioridades abonar la deuda que tiene con los docentes y los médicos. Ni siquiera reclaman lo atrasado, sólo piden el pago a partir de 2011 como corresponde.
¿Su intención como opositor no es dejarlo sin presupuesto a García, sino discutir estas partidas?
Estamos haciendo un gran esfuerzo con los demás concejales para aprobar esta herramienta del Ejecutivo, pero no vamos a aprobar una herramienta mentirosa y que va en contra de la gente.
Gnoffo comentó que cuando habló con todos los concejales no había objeciones en general, que estaban todos de acuerdo, sólo había cuestiones en particular.
No podemos aprobar un presupuesto en general cuando no está contemplado ni el tema de los docentes ni un fuerte incremento en materia de seguridad para que haya más presencia policial en las calles, más móviles y para que el Plan Alerta, que fue sacado, vuelva al área de Seguridad. El intendente no es que se queda sin presupuesto, sino que utilizaría el de 2010 y el sobrante en recaudación, que estimamos en 60 millones lo puede disponer discrecionalmente. Por eso queremos que haya un presupuesto para 2011, pero no vamos a ir en contra de lo que todos los vecinos reclaman, que es mayor seguridad y mayor inversión en defender la vida de nuestros vecinos.
