Luis Caputo cerró su paso por Washington con una hoja de ruta clara. El Gobierno apostó a refinanciar los compromisos de deuda con préstamos de bancos privados y avanzar en la venta de activos estatales para sumar divisas. Ese esquema se convirtió en el eje del discurso oficial ante el mercado.

El ministro defendió la estrategia frente a inversores y funcionarios de organismos multilaterales. Afirmó que el objetivo fue conseguir financiamiento a menor costo. “Nuestra función es refinanciarla a la menor tasa posible”, sostuvo. También rechazó críticas sobre la demora en salir al mercado: “No, no estábamos mintiendo nada, y esta es la prueba”.

El plan combinó varias fuentes. Por un lado, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Por otro, un esquema de garantías para habilitar préstamos de bancos privados. Según explicó Caputo, esos avales permiten acceder a tasas más bajas y ampliar el volumen de financiamiento.

El mecanismo se apoyó en el respaldo de organismos internacionales. El Banco Mundial ya confirmó garantías por US$ 2.000 millones. Ese monto podría duplicarse con créditos de entidades financieras. El ministro lo resumió así: “Con la garantía del Banco Mundial, podemos acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada”.

Sin embargo, el punto más sensible apareció en el detalle del programa financiero. Caputo incluyó unos US$ 2.000 millones provenientes de privatizaciones dentro del esquema para cubrir vencimientos. No se trató de una mención marginal. Formó parte del cálculo central para alcanzar cerca de US$ 10.000 millones.

El propio ministro explicitó la hoja de ruta: “Ya tenemos el financiamiento para los próximos 3 pagos, o sea, 18 meses”. En ese paquete, además de deuda con bancos y emisiones locales, aparecieron los ingresos por venta de activos públicos.

La decisión de avanzar con privatizaciones como herramienta para conseguir dólares encendió alertas. El Gobierno no solo recurrió a crédito privado. También planteó desprenderse de empresas y bienes del Estado para sostener el esquema financiero. Esa combinación implicó un cambio profundo en la estrategia económica.

Desde el equipo económico defendieron la iniciativa como una forma de evitar tasas más altas en el mercado internacional. Caputo insistió en que existen alternativas “más baratas”. “No salimos porque hay alternativas más baratas, entonces nos conviene eso”, afirmó.

Aun así, el enfoque dejó interrogantes. El financiamiento con bancos privados suele implicar condiciones más exigentes que los organismos multilaterales. A eso se sumó la venta de activos en un contexto de necesidad urgente de divisas. El riesgo de liquidar patrimonio estatal a valores bajos quedó en el centro del debate.

El Gobierno buscó mostrar control de la situación financiera. Planteó que cuenta con fondos suficientes para cubrir vencimientos en el corto plazo. Pero el esquema expuesto en Estados Unidos reflejó otra realidad: una fuerte dependencia del endeudamiento externo y una apuesta directa a las privatizaciones para conseguir dólares.

En Washington, Caputo intentó llevar tranquilidad al mercado. Sin embargo, el plan dejó expuesta una tensión clave. La estabilidad financiera se apoyó en más deuda y en la venta de activos públicos. Ese equilibrio, lejos de cerrar la discusión, abrió nuevos cuestionamientos sobre el rumbo económico.