El Ministerio de Capital Humano mantiene a muchos de sus trabajadores bajo un polémico método de contratación. Al amparo siempre de un convenio, la cartera que dirige Sandra Pettovello fondea a un organismo internacional para que sea éste, y no el Estado, quien contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios que se desempeñan en el ministerio. Este mecanismo de contratación externa, que sirvió para atenuar el creciente malestar interno por la falta de nombramientos –es decir, por la falta de una remuneración a fin de mes–, permite también eludir la denominada “cláusula Batakis”, que impide aumentar la planta de empleados.

Según trascendió, uno de estos convenios fue revalidado a fines del pasado mes. Al calor de la alianza que Capital Humano heredó de la gestión anterior con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI), el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, dio luz verde a un nuevo desembolso de $645 millones, que se suma a los $395 millones que ya le fueron girados al organismo a fines de enero.

El convenio habilita al organismo a realizar contrataciones de profesionales externos para proyectos puntuales en los ejes de trabajo sobre los que pivotea la OEI; educación y cultura, fundamentalmente. En principio, de acuerdo a distintas fuentes consultadas, el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo. Sin embargo, muchos de estos “terceros”, según pudo reconstruir este medio, son los propios trabajadores del ministerio.

Funcionarios que partieron sin llegar a ser nombrados, y otros que todavía se desempeñan en el ministerio aguardando o no una designación, le facturaron a la OEI como monotributistas. “Hay OEI en todos lados”, suelta un empleado bajo contrato que trabaja en la diaria bajo las órdenes de la ministra Pettovello. Por ejemplo, para impulsar la batería de denuncias judiciales contra la gestión anterior, el ministerio contrata una asesoría legal a través del organismo.

La OEI, que solo con la Secretaría de Niñez pactó más de mil millones de pesos, se convierte así en el “administrador” de los recursos que le transfiere el Estado, y en el empleador de los funcionarios quienes, en rigor, son digitados por el ministerio. Por esa gestoría, la OEI cobraba un costo del 6%, que durante esta gestión se redujo al 5%.

El sistema de contratación, ideado para ser un auxilio en proyectos o problemáticas puntuales, surge como un alternativa gris a otro tipo de contrataciones temporales del Estado, como los denominados contratos 1109 o los contratos de locación, conocidos como contratos 778. A diferencia de estos últimos, en los cuales el empleador es el Estado, la información del vínculo laboral queda resguardada en el organismo, que se limita evaluar que el perfil del profesional se alinee con la tarea a desarrollar. Así, permitiría, por ejemplo, que los funcionarios que cobraron mediante OEI, de ser contratados de manera retroactiva por el Estado, reciban un doble sueldo por su trabajo.

Además, el mecanismo permite sortear la denominada cláusula “Batakis”, la cual impide sumar –aunque con algunas excepciones muy puntuales– nuevos funcionarios a la Administración Pública por debajo de las direcciones generales. Es que en su fugaz paso por el Ministerio de Economía, Silvina Batakis prohibió a través de un decreto –prorrogado por esta administración– sumar nuevos empleados en la administración pública. “Esta forma de tercerizar contratos, es mucho más ‘práctica’, por decirlo de alguna manera”, explica una fuente de un organismo internacional.

El mecanismo no es nuevo. Algunos voces señalan que servía de complemento salarial para muchos funcionarios de segunda línea con recorridos largos y sueldos cortos. La novedad de esta gestión radicaría en utilizarlo como paliativo hasta tanto salgan las designaciones oficiales.