El conflicto entre el ministerio de Capital humano y los comedores continua, a casi 8 meses de haber iniciado el conflicto con la denuncia de Grabois por el acopio de os alimentos, desde la cartera conducida por Sandra Pettovello insisten en su política de de confrontación con las organizaciones sociales.

En este contexto, este lunes vence el plazo que el juez Enrique Lavié Pico le dio a la ministra Sandra Pettovello para que incorpore al Programa Alimentar “los 66 comedores de la asociación civil El Amanecer de los Cartoneros bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias”.

“El día jueves 28 de noviembre el magistrado nos informó que se debía proceder a la incorporación de 66 comedores, para lo cual el plazo no se encuentra vencido. Seguiremos verificando que cada comedor exista”, habian informado desde el ministerio.

En el fallo emitido por el juez Enrique Lavié Pico le da la razón a la Unión  de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El ministerio por su parte suma nueve intimaciones de este estilo, en tanto, el juez argumentó su decisión “habida cuenta del derecho alimentario en juego, el tiempo transcurrido y a fin de evitar dilaciones innecesarias».

Desde la UTEP tiene dos procesos judiciales abiertos contra Capital Humano: uno en la justicia penal, donde fue denunciada Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad; y otro en el contencioso administrativo, es un amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS que busca restituir el abastecimiento alimentario a los comedores y merenderos. Ambas se iniciaron en febrero, cuando el gobierno decidió cortar con el abastecimiento.

El primer y más fuerte fallo adverso para Capital Humano se produjo el 27 de mayo en la causa en la que intervienen el juez federal Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa. Allí el magistrado ordenó que el ministerio debía presentar, en un plazo de 72 horas, un plan de entrega de los alimentos que esa cartera tenía retenidos en los galpones de Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucuman). 

Cabe destacar que desde el ministerio decidieron apelar cada una de estas decisiones de la justicia a pesar de tener incontables denuncias por incumplimientos.

En tanto tambien se le ordenó volver a incluir en el programa Potenciar Trabajo a un grupo de personas que habían sido quitadas con criterios ilegítimos.