Desde el jueves de la semana pasada los jueces que deben definir el futuro judicial de la causa Hotesur, hoy el principal expediente contra la ex presidente Cristina Kirchner, no son los mismos.

Los conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal Roberto Boico y Norberto Frontini, nombrados en sus cargos por el kirchnerismo, se fueron del tribunal y sus lugares ahora son ocupados por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, magistrados titulares del cuerpo.

Hornos y Borinsky junto con Ana María Figueroa deberán resolver el futuro de la causa Hotesur: si continúa a cargo del juez federal Daniel Rafecas o si es enviada a la justicia de Río Gallegos, en Santa Cruz.

Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, entre otros, están imputados y siendo investigados por presunto lavado de dinero en los emprendimientos hoteleros que la familia de la ex presidente tienen en el sur del país.

El juez Claudio Bonadio realizó el año pasado una serie de procedimientos en busca de documentación y por un pedido de las defensas terminó apartado de la causa por una decisión de la Sala I de la Cámara Federal que entendió que había violado garantías del proceso. Las defensas también plantearon que la causa debía pasar a la justicia de Santa Cruz porque los hechos que se investigan habrían ocurrido allí.

Pero tanto Bonadio como la Cámara rechazaron el planteo. Otro empresario, Antonio Ramfos, titular de la compañía Credisol S.A. e imputado en la causa, insistió con el pedido y llevó el caso a la Sala I de la Cámara de Casación.

Ese tribunal estuvo integrado desde junio pasado por Boico y Frontini, dos abogados allegados al kirchnerismo que fueron nombrados el año pasado por la mayoría que el Frente para la Victoria tenía en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La expectativa en los tribunales de Comodoro Py era que Boico, Frontini y Figueroa, también integrante de la Sala I de Casación, hicieran lugar al planteo y enviaran la causa Hortesur a Santa Cruz.

Para eso tuvieron todo diciembre –mes en el que la causa llegó físicamente a Casación– y los primeros días de febrero. Pero no lo hicieron y ahora el expediente tiene nuevos jueces.

El cambio de magistrados se dio porque en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley 27.145, por la cual Boico y Frontini fueron designados, y al resto de los jueces subrogantes. El máximo tribunal dispuso que el plazo máximo para encontrarles reemplazantes era el cuatro de febrero.

Así, el Consejo aprobó la semana pasada el nombramiento de Hornos y Borinsky –una propuesta que la propia Cámara de Casación había enviado al organismo– para reemplazar a Boico y Frontini.

Los nuevos magistrados ya desembarcaron en la Sala y saben que Hotesur es uno de los expedientes por resolver y que se encuentra atrasado.

Los camaristas deben decidir si la causa continúa a cargo del juez Rafecas o si va al sur del país.
En ese caso quedará en el juzgado federal de Río Gallegos que desde el próximo 24 de febrero será subrogado por Marta Yañez, jueza titular del juzgado federal de Caleta Olivia.

Los representantes del kirchnerismo en el Consejo pidieron a Yañez en Río Gallegos y el macrismo lo aceptó. Desde el oficialismo descartan que sea una jueza K porque es allegada a Nicolás Fernández, ex senador del Frente para la Victoria, mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado y hoy enfrentado al partido.