Por Graciela Ocaña
Contra toda lógica, Argentina sigue utilizando el viejo sistema de boleta partidaria donde cada agrupación imprime y distribuye su oferta electoral, dividida por categorías en una misma pieza de papel. Por lo tanto, se ofrecen tantos tipos de boletas como partidos y cargos estén en competencia multiplicadas por la cantidad de electores.
En las elecciones primarias del 2023 la Dirección Nacional Electoral contabilizó para la contienda 271 listas internas correspondientes a 92 agrupaciones. El Estado depositó en las cuentas oficiales de los partidos políticos, el dinero suficiente para imprimir casi 4.000 millones de boletas a un valor de impresión por unidad de $2,92 sobre un padrón de 35 millones de ciudadanos habilitados para votar.
Un promedio de 113 boletas por cada elector. Sólo para impresión de boletas, se erogaron $330 por persona. De acuerdo al cálculo realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) las PASO costaron 11.630 millones de pesos sólo en boletas. Esta cifra monumental equivale a casi 300.000 camas de internación en hospitales de la provincia de Buenos Aires; 40.000 salarios docentes y 53.000 jubilaciones mínimas.
Hace ya varios años que, mediante diversos proyectos legislativos, se intenta modificar el sistema de votación. La boleta única implica el uso de una sola pieza de papel que contenga todos los partidos, todos los candidatos y todos los cargos en disputa, donde la selección se realiza tildando la opción elegida. En un principio, hubo un fuerte impulso a la utilización del voto electrónico basado en la influencia que Brasil tiene en la región y, desde hace un tiempo, se impulsan proyectos de boleta única incentivados por su uso en diversas provincias argentinas como Córdoba -con una sola boleta con todos los partidos y cargos- o Santa Fe -con boletas diferentes en materia de cargos en disputa y con urnas separadas-.
Los principales factores para considerar un cambio en la forma de ejercer el voto son: la equidad en la distribución de la oferta electoral ya que no todos los partidos tienen la misma capacidad logística para la distribución y renovación de boletas durante la jornada de votación; facilitar la elección de candidaturas y cargos cruzados evitando el efecto “arrastre” de quienes encabezan la boleta; terminar con el robo de boletas de los adversarios; fortalecer la autonomía del elector facilitando combinaciones en las preferencias; agilizar el recuento provisorio, ahorrar una enorme cantidad de dinero evitando imprimir boletas por demás o que se falsifique el número de impresiones para acceder a mayor financiamiento por parte del Estado a los partidos y, finalmente, disminuir el impacto ambiental reduciendo la cantidad de papel utilizado en cada elección.
Sobre las maniobras fraudulentas, cabe mencionar la reciente resolución del Juez Federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, en la que condenó a los apoderados de 4 agrupaciones por la conformación de partidos sin representación ni vocación política real, pero que accedieron al financiamiento que legítimamente corresponde a los partidos para su participación en la contienda electoral. El costo de esta maniobra se calculó en unos 500 millones de pesos.
Esta reforma es una deuda de la democracia; una deuda con la transparencia, con los ciudadanos que votan y con las minorías electorales que buscan equidad en la participación. Que el Senado vote la ley será un paso importante en un momento político en el que Argentina necesita de estos cambios para que la gente vuelva a creer en el sistema democrático y en sus representantes.
