El juez Sebastián Casanello decidió el lunes dictar el procesamiento contra doce dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras. La resolución se produjo a minutos de la culminación de la feria judicial y a pesar del pedido de ampliación de indagatoria que hicieron varios de los procesados, entre ellos Eduardo “Chiquito” Belliboni dirigente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera.

La acusación
El procesamiento se estableció alrededor de la acusación por administración fraudulenta y extorsión contra los dirigentes y fijó un embargo por casi $400 millones sobre el dirigente piquetero. El juez sostiene que dispone de las pruebas que demuestran un mecanismo mediante el cual el dirigente del Polo Obrero junto con otros dirigentes desviaba fondos destinados a las cooperativas en las cuales la organización actuaba como unidad ejecutora de cooperativas de trabajo en las que los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo cumplían con su contraprestación laboral.

La extorsión se sustenta en supuestos mecanismos mediante los cuales los dirigentes obligaban a los miembros de la organización a participar de marchas y reuniones bajo la amenaza de darles de baja el beneficio.

Sin derecho a la defensa

El propio Belliboni se lamentó por la negativa del juez de dar lugar a su reclamo de ampliación de indagatoria en la cual, dentro de su estrategia de defensa, se proponía mostrar las facturas, las herramientas, máquinas y productos que producían en las cooperativas así como las fotos de la evolución de las obras de más de 43 centros de actividades múltiples que construyó la organización en los últimos años. Además, denunció la negativa del juez a dar lugar al reclamo de la defensa para que se cite a los funcionarios que, en su momento, habían validado las facturas presentadas y liberado cada una de las cuotas de los fondos.

La actitud del juez, según la opinión del dirigente del Polo Obrero vertida en una conferencia realizada en local central de la organización, demuestra que “es claramente una persecución política que orienta el gobierno. El video de (Patricia) Bullrich lo confirma”. En referencia a una pieza institucional que difundió por la red X la ministra de Seguridad.

SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS GERENTES DE LA POBREZA pic.twitter.com/qwCHdtGPWa

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 29, 2024

Pocas pruebas mucha persecución

El dirigente señaló que “ya el 20 de diciembre en los trenes (Bullrich) decía que el que iba a la marcha iba a ser castigado con la quita de un beneficio social. Es una orientación política para perseguir al movimiento piquetero” que, continuó, “no es casual porque es quien ha estado en la calle y no ha pactado con ningún gobierno. Ni con este ni con el anterior ni con el anterior. Hemos peleado siempre, y como corresponde, por los derechos de los trabajadores sin importar el gobierno”.

Belliboni denunció que “Bullrich nos acusó de lavado de dinero a través de un video institucional. Pero los que lavan dinero son los narcos y lo harán todavía más con la ley de blanqueo que acaba de aprobar el parlamento. En dos meses hubo casi cien allanamientos a comedores populares dictados por tres jueces distintos. ¿Ustedes vieron que allanaran algún bunker narco en este período?”, preguntó.

Las prueba de la defensa
Sobre la acusación, Belliboni sostuvo que “el Polo Obrero no solo utilizó los recursos en función de todo lo que ustedes ven en esta mesa (la conferencia se realizó en el local central donde hay máquinas de impresión, folletería, etc.), sino que hemos presentado actas firmadas ante escribano público con la maquinaria que compramos en todo el país. Acá hay folletos de todo tipo. Por ejemplo, este es por una campaña contra el dengue que hemos hecho en los barrios. Cientos de miles de folletos que usamos para atacar un problema gravísimo que no tuvo una sola campaña del Estado siquiera para mitigar este terrible mal. Hemos hecho un enorme trabajo social”.

Además, detalló, “se construyeron 43 centros de usos múltiples. Son de material. Gastamos mucho más en los edificios que lo que nos dieron. ¿Dónde está la defraudación? Estas máquinas las compramos hace cuatro años”. Sobre las facturas que el juez consideró apócrifas, el dirigente explicó que “la famosa Editorial Rumbos que el juez dice que es trucha tiene 40 años y presentó sus publicaciones varias veces en la Feria del libro.

La otra empresa que es sindicada como inexistente y que el juez considera que fue utilizada como cobertura para desviar fondos es Cotex. Sobre ese punto Belliboni exhibió una factura y la Constatación de Comprobantes con CAE de la AFIP y señaló que “acá está la prueba de que Afip dijo en 2022 que la empresa existía y era legal. El CAE es el certificado que indica si la factura es o no trucha. Ahora dicen que es falsa. No es nuestro problema si la Afip no hace los controles que debe hacer. Hemos rendido el 97,3% de las cuentas. Lo que falta no lo hemos rendido porque nos bloquearon las cuentas. Y está acreditado en maquinarias, en folletos, en capacitación y en formación. La causa es una vergüenza.”.

Extorsión o pases masivos
Sobre la denuncia de extorsión que la defensa busca desmontar por abstracta en tanto las organizaciones no tienen la potestad de dar altas y bajas según la normativa vigente, Belliboni señaló que “en el período denunciado por (Sebastian) Casanello y (Germán) Pollicita hubo más de 20 mil personas que se pasaron al Polo Obrero haciendo un simple trámite a través de la página web del ministerio. Si hubieran sufrido extorsiones se hubieran ido los que estaban, pero pasó lo contrario, venían compañeros que se sentían más cómodos en nuestra organización que en otra”.

Junto con el dirigente se encontraban diputados nacionales del Frente de Izquierda como Vanina Biasi y Cristian Castillo y dirigentes sindicales que se manifestaron contra la persecución como Ileana Celotto de AGD UBA que además acercó la solidaridad de Agustín Lecchi del SiPreBA al igual que otros dirigentes de Ademys y el SUTNA, entre otros.