El oficialismo puso en marcha su estrategia para aprobar la reforma de la ley de glaciares, uno de los proyectos más sensibles de su agenda ambiental. La Cámara de Diputados se preparó para una sesión decisiva, con el objetivo de convertir en ley una iniciativa que ya contaba con aval del Senado.

La propuesta del Poder Ejecutivo apuntó a modificar el esquema de protección vigente. El cambio central consistió en reducir el alcance de las áreas protegidas, lo que abriría la puerta a nuevas inversiones vinculadas a la actividad minera en zonas cordilleranas.

El texto introdujo una diferenciación entre el área periglaciar y aquellas formaciones que cumplen funciones hídricas estratégicas. En la práctica, solo esas geoformas específicas quedarían bajo resguardo, a diferencia del esquema actual, que protege un territorio más amplio.

La legislación vigente incluyó tanto glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos de sedimentos. Además, prohibió allí cualquier actividad industrial. La reforma alteró ese criterio y limitó la protección a sectores considerados relevantes desde el punto de vista técnico.

Otro aspecto clave del proyecto fue el rol de las provincias. La iniciativa otorgó mayor poder a las jurisdicciones locales para actualizar el inventario glaciar, una tarea que hasta ahora estuvo en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). El nuevo esquema estableció que cada provincia podrá definir sus relevamientos con base en estudios propios.

Este punto generó críticas desde sectores opositores y organizaciones socioambientales. Cuestionaron que el cambio podría debilitar los estándares nacionales de protección. También advirtieron que la reforma podría chocar con el principio de “presupuestos mínimos” que fija la Constitución.

En paralelo, el oficialismo trabajó para asegurar los votos. El respaldo de legisladores de provincias con desarrollo minero resultó clave. San Juan, Catamarca, Mendoza, Jujuy y Salta aparecieron como distritos alineados con la iniciativa.

Incluso dentro de la oposición surgieron fisuras. Algunos diputados de Unión por la Patria vinculados a esas regiones mostraron predisposición a acompañar el proyecto, lo que evidenció que el debate superó las fronteras partidarias tradicionales.

Mientras tanto, organizaciones ambientales anticiparon una nueva etapa de conflicto. Plantearon que recurrirán a la Justicia en caso de aprobación. Consideraron que la reforma vulnera principios básicos de protección ambiental.

En ese contexto, la Cámara baja se convirtió en el escenario de una definición clave para el futuro del régimen glaciar en la Argentina, con impacto directo sobre la explotación de recursos naturales y la preservación del agua.