La ley fue impulsada en primera parte por el presidente del Senado, Máximo Kirchner, que en conjunto con el Ministro de Medioambiente, Juan Cabandié y federaciones de Camioneros hicieron posible que sea uno de los temas principales tratados actualmente en la comisión de Recursos Naturales.

Lo que exige dicha ley es el cobro de una tasa a las empresas que no supere el 3% del precio mayorista del producto envasado en venta. Esta pensado que dicha recaudación de fondos sea destinada a un Fideicomiso para que sean utilizados dentro por el Ministerio de Medioambiente a desarrollar políticas de cuidado ambiental y prevención de contaminación de plástico.

Se estima que en Argentina se generan alrededor de 45.000 toneladas diarias de residuos de los cuáles un 20% pertenece a envases post consumo. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada persona genera 1,5 kilogramos de basura por día. Mientras que, en todo el territorio argentino se producen 900 mil toneladas de plástico al año.

«Créase como Fideicomiso, en los términos que fije la reglamentación, el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), el cual tendrá por objeto el cumplimiento de las mandas establecidas en la presente Ley y será operado por la banca pública”, detalla la ley.

En el debate que se desarrollo en el Congreso, diputados de la oposición se mostraron en contra del cobro de un porcentaje para las empresas, en donde Camaño lo tildó de inconstitucional. Por otro lado, el impuesto fue defendido por Candela Nassi, jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación; y por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental.