La iniciativa apunta a expropiar tierras y urbanizar 4228 barrios precarios en todo el país, como así también darles el título de propiedad a sus actuales habitantes. Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana). Se estiman que en estos asentamientos viven alrededor de 3.500.000 personas.

«No se trata de una medida populista como algunos piensan, ya que la ley prevé que los habitantes de estos asentamientos precarios deben realizar una contraprestación por los títulos de propiedad que recibirán. Se trata de más de tres millones de personas que hoy viven en la informalidad y, si no hacemos nada al respecto, este problema urbano tenderá a agravarse», enfatizó el diputado radical Fabio Quetglas, especialista en gestión de ciudades y desarrollo local y director de la Maestría en Ciudades de la Universidad de Buenos Aires.

«Esta es una ley que tiene el coraje y la calidad técnica para crear un marco institucional a partir del cual empezar a trabajar en este problema urbano que hay que solucionar», señaló el legislador, quien elogió la participación de todos los bloques para enriquecer la redacción de la iniciativa.

Según establece el proyecto, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad. La redacción original establecía que en caso de falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo Nacional estaría facultado a proceder a la expropiación abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, ese artículo se modificó en comisiones, de manera que nada pueda hacerse sin el acuerdo de las tres partes.

Asimismo, todos los gastos que se deriven de los convenios «serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes». Pero, además, se autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso «con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley».