Para la legisladora esta iniciativa “promueve el derecho a la salud como componente de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad de manera de garantizar la implementación del imperativo constitucional respecto de la garantía del derecho a la salud por parte del Estado”.

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Salud Pública, llevada a cabo el martes 3 del corriente, el proyecto, D-593/13-14 –que cuenta como co-autores a la diputada del FPV, María del Carmen Pan Rivas y al diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín-, recibió el apoyo de las y los diputados de la casi totalidad de los bloques políticos que integran la citada Comisión, quienes votaron la inciativa a través de un dictámen favorable.

El proyecto asume a la salud como integral y dispone que las prestaciones que deben recibir las personas privadas de su libertad no deben ser exclusivamente reparativas sino también preventivas, promocionales y rehabilitadoras. Asimismo, y teniendo en cuenta, las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, reconoce que las problemáticas del proceso salud-enfermedad están determinadas por las condiciones sociales en que se desarrolla la vida de los colectivos sociales. Esto implica – y así lo define el proyecto aprobado por la Comisión de Salud – que el abordaje de esos problemas debe ser intersectorial, involucrando obviamente al sector salud pero también a educación, trabajo, desarrollo social, justicia, derechos humanos, prevención y tratamiento de las adicciones, entre otros.

En tanto, el proyecto promueve el traspaso de la Dirección de Salud Penitenciaria -hoy dependiente del Ministerio de Seguridad- a la órbita de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia con la nominación de Dirección Provincial de Salud en Cárceles. Este cambio es coherente con la Ley de Ministerios (N° 13175), que en su artículo 22, inciso 22, dispone como función del Ministerio de Salud “Asegurar la asistencia médica y sanitaria en los institutos carcelarios y de detención y supervisar las normas de higiene y salubridad en los mismos, coordinando acciones con otros organismos e instituciones”.

El proyecto de ley asigna entonces, como misión de la Dirección Provincial de Salud en Cárceles: “Velar por la salud de las personas privadas de libertad alojadas en instituciones dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense; promover las condiciones de salud e implementar acciones de prevención de enfermedades; atender las consultas de los miembros de esta población que lo requieran; detectar y brindar tratamiento oportuno y

adecuado a todas las condiciones y problemas que pudieran atentar contra su bienestar físico y mental, así como obstaculizar la titularidad y pleno ejercicio de su derecho a la salud durante el período que dura la privación de libertad y una vez que concluya el mismo”.

Por otro lado, el proyecto crea el Comité de Asesoramiento, Seguimiento y Control de Salud en Cárceles que, en el marco de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud del Ministerio de Salud, está integrado por dos senadores y dos diputados provinciales (al menos uno deberá integrar la Comisión de Salud Pública de cada una de las Cámaras), un representante de la Comisión Provincial de la Memoria y dos representantes de la Sociedad Civil a través de organizaciones no gubernamentales con trayectoria reconocida en derechos humanos, salud pública y/o promoción de derechos de personas privadas de su libertad. La participación en este Comité tendrá carácter ad honorem y deberá reunirse por lo menos mensualmente, sus sesiones serán públicas y tendrá la obligación de producir un informe anual acerca del seguimiento y control de la salud en las cárceles de la Provincia que serán difundidos públicamente. Asimismo asesorará al Subsecretario de Coordinación y Atención de la Salud y al Director Provincial de Salud en Cárceles sobre la temática.

El proyecto de Nocito también dispone la conformación de la Junta Asesora para la Salud en Cárceles. También funcionará en el marco de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud del Ministerio y estará integrado por un integrante del Ministerio de Salud (que presidirá la Junta), un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, un integrante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Trabajo, un referente de la Dirección General de Cultura y Educación y un integrante de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención de la Adicciones. Cada uno de los integrantes participará en carácter ad honorem y la Junta tendrá la obligación de reunirse por lo menos mensualmente, en sesiones públicas y producirá un informe anual que será de acceso público acerca de las tareas desarrolladas y las recomendaciones para asegurar la intersectorialidad y la integralidad de las acciones promotoras de la salud en las cárceles. Asimismo también asesorará al Subsecretario de Coordinación y Atención de la Salud y al Director Provincial de Salud en Cárceles sobre la temática.

Finalmente, como disposiciones complementarias, el proyecto dispone la opción del personal de salud que realiza su actividad en las cárceles provinciales y depende del Ministerio de Seguridad, a ingresar en la Carrera Profesional Hospitalaria regulada por la ley 10471. Es importante destacar que este pase será totalmente optativo para los trabajadores, ya que el proyecto dispuesto es respetuoso de las condiciones laborales en que se desarrollan las prácticas sanitarias en las cárceles.