Por Daniel Martini, Presidente de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral.

La falta de posibilidades para adquirir las habilidades o competencias requeridas no es algo que sólo suceda en el mundo laboral. En este sentido, podemos afirmar que el ausentismo y la deserción escolar tampoco son decisiones deliberadas de las familias para que sus hijos e hijas no asistan a clases.

Quienes no estudian no lo hacen porque no pueden, existe una multiplicidad de factores sociales, culturales y, sobre todo, económicos que dan cuenta de esta imposibilidad. En este contexto, la quita de subsidio por ausentismo escolar no sólo es cuestionable, sino que en la práctica opera exactamente en el sentido contrario.

Por otro lado, bien podríamos preguntarnos por la alarmante cifra de ausentismo en CABA, que se difunde oficialmente, y refleja la realidad de familias que no reciben el subsidio de la Ciudad. Algo que también está presente en colegios privados de estratos sociales acomodados.

Está claro que el abordaje de la problemática no se resuelve de manera aislada y unilateral a través del castigo, sino que debe surgir a través dispositivos multidisciplinarios que requieren inversión en educación, interacción con los diversos ámbitos sociales y una administración de calidad comprometida con el sistema educativo en su conjunto, que incluya tanto a la gestión pública como privada.

Ahora bien, debiera existir en los decisores políticos una preocupación por sensibilizar y difundir socialmente la cultura de la inclusión y la empatía en la educación. Una ausencia que retumba en la ciudad más rica del país donde, a pesar de múltiples alertas, muere Maylén con apenas 11 años en situación de gran vulnerabilidad. La realidad nos da una cachetada, nos pone de vuelta en el mapa y nos interpela a todos y todas. Y nos interpela porque sabemos que Maylen que no es la única va a estar ausente, en gran medida porque quienes se mostraron preocupados por el ausentismo están ausentes.

Me pregunto entonces, qué es más dañino, la quita del subsidio en sí o la proclama social de castigar a quienes menos tienen para culparlos de sus males, los cuales no se resuelven ya sea por incapacidad, por una gestión errática o simplemente porque no se considera necesario.

Es hora de hacernos cargo y de ponernos a trabajar, articulando al Estado, al Sector Privado y al Tercer Sector en consensos básicos donde la inclusión con educación, constituya un piso intocable para todos y todas. Un piso sin lugar para el simplismo de señalar al otro como responsable de un problema que lo trasciende.

Se trata entonces de poner a la educación inclusiva como prioridad y en el centro de las políticas públicas, para apelar al recurso más transformador que tenemos: la capacidad creadora y realizadora de todas y cada una de las personas que habitan nuestro país.

Si ponemos a la educación inclusiva al servicio de liberar esa capacidad, no tengo dudas que estaremos a la puerta de un nuevo paradigma social, enfocado más en la inclusión para el crecimiento con equidad y desarrollo sostenido, que en el crecimiento cíclico cuando las condiciones externas lo permiten, con exclusión y la desigualdad.