La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay rechazó categóricamente la presión que había ejercido la presidenta Cristina Kirchner cuando reclamó acelerar los juicios por violaciones de los derechos humanos. "Yo le diría a la señora Presidenta que no es cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho todo y ahora es la hora de la Justicia. El Legislativo y Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos."

En Mendoza, donde dio una charla sobre "Capacitación e independencia judicial", en la Suprema Corte provincial, Argibay cuestionó dichos de la Presidenta, que había afirmado que el retraso en la resolución de causas sobre derechos humanos era responsabilidad del Poder Judicial.

"Ellos [por el Gobierno] creen que con haber puesto por delante la intención de hacer los juicios y derogar las leyes de obediencia debida y punto final ya estaban hechos. No es cierto. Todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas. Las investigaciones no son fáciles y ha pasado mucho tiempo", afirmó la ministra de la Corte.

También indicó que las dificultades presupuestarias del Poder Judicial configuran uno de los principales obstáculos para apurar los juicios contra militares, aunque aclaró: "El problema no es sólo una cuestión de dinero. Reconozco que hay culpa de muchos jueces. Aquí ninguno es un santo, ninguno está libre de culpa ni puede tirar la primera piedra".

Argibay habló ante el titular de la Suprema Corte mendocina, Jorge Nanclares, y el gobernador Celso Jaque, entre otros. Ahora, tras sus críticas a la postura presidencial, probablemente deba encontrarse con la jefa del Estado en la Fiesta de la Vendimia, celebración a la que ambas proyectan asistir.

Antes de su disertación, Argibay ofreció una conferencia de prensa en la que se quejó por el dinero que el Poder Ejecutivo asigna a la Justicia: "Todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura y todos los años el Ministerio del Economía y el Legislativo lo recortan".

"Estamos pidiendo en este momento un refuerzo de presupuesto porque no nos alcanza si es que queremos acelerar los juicios. No tenemos salas de audiencias. Tenemos que construir con velocidad absoluta, para mañana prácticamente, por lo menos cuatro salas de audiencias en la Capital Federal. Son nada más que para poder hacer juicios."

Insistió: "No tenemos lugar ni infraestructura ni jueces ni dinero suficiente para pagar a los empleados y la parte informática que se necesita. ¿De dónde sacamos jueces para que intervengan si no los nombran? Nosotros no los nombramos; eso se hace a través de un concurso del Consejo de la Magistratura, que está dominado por representantes políticos que integran la mayoría, y luego interviene el Legislativo, que debe dar acuerdo, y el Ejecutivo, que debe designarlos. Ellos tienen mucho que hacer en el nombramiento de jueces".

INCLUSIÓN SOCIAL

Esta no fue la única objeción que la jueza hizo en Mendoza a la administración Kirchner. Responsabilizó también al Estado por la falta de programas de inclusión social, a los que considera una herramienta clave para alejar a niños y jóvenes del delito.

Coincidió, allí, con la Presidenta, que había dicho que la seguridad y el empleo iban de la mano. Argibay enfatizó que para disminuir la inseguridad son prioritarias las acciones de "inclusión social, de educación y de darle a la gente lo que necesita para vivir. Así no habría ni la mitad de los actos delictivos que hay".

Por eso, reiteró: "Cuéntenme cuántos programas de inclusión social hay. No conozco muchos. Hay mucha buena voluntad de las ONG, pero esto no es suficiente. El Estado debe ocuparse".

Fuente: Diario La Nación