La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó sorpresivamente un juicio político para destituir al presidente Fernando Lugo por "mal desempeño de sus funciones". El pedido fue aprobado con 73 votos a favor y 1 en contra.

El proceso que se le abre al jefe del Estado es por su responsabilidad en el sangriento desalojo de campesinos la semana pasada.

Mientras tanto, en medio de los rumores sobre su posible renuncia, el propio Lugo salió a desmentir esas versiones. “No voy a presentar la renuncia al cargo", aclaró tajante en una conferencia de prensa convocada poco después de aprobarse el juicio político.

El mandatario aseguró que "enfrentará el juicio político" sometiéndose "con absoluta obediencia a la Constitución y a las leyes". "Me encontrarán siempre luchando por la justicia social y la paz entre paraguayos" finalizó el presidente.

En ese sentido, el secretario general de la Presidencia, Miguel López, también se refirió a los dichos que comenzaron a circular: "El presidente no va a renunciar y espera que se respeten los plazos procesales para preparar su defensa", declaró López en la sede de gobierno, luego que la Cámara de Diputados aprobara sorpresivamente un pedido de juicio político. "No hay ni renuncia, ni asilo ni nada por el estilo. Quédense tranquilos", agregó.

Ahora el proceso de juicio político pasa al Senado, que debe desarrollar los procedimientos legales que podría terminar con la destitución del mandatario, un ex obispo cuyo Gobierno estuvo marcado por los escándalos de paternidad y la superación de un cáncer linfático.

El Partido Liberal, que es parte del gobierno, retiró su apoyo a Lugo y adelantó que pidió a los cuatro ministros de la fuerza que integran el gabinete que presenten su renuncia. "El partido liberal deslinda cualquier responsabilidad política respecto al Gobierno del presidente Lugo", dijo su presidente, Blas Llano.

Por lo menos siete policías y nueve campesinos murieron y alrededor de otras cien personas resultaron heridas en medio de los violentos enfrentamientos por un desalojo en una hacienda del este paraguayo, cerca de Brasil, que ahora desencadenaron el juicio político contra el mandatario.

Los incidentes se produjeron en la localidad de Curuguaty, unos 380 kilómetros al nordeste de Asunción, después de que 321 policías con apoyo de helicópteros ingresaron en la hacienda Morumbí, del conocido empresario y político paraguayo Blas Riquelme, para desalojar por orden judicial a más de 150 ocupantes. La amplia repercusión que tuvo el hecho forzó horas más tarde la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola.

FUENTE: La Nación