Un avión privado de la firma Royal Class, que pertenece a Leonardo Scatturice, generó una fuerte polémica por su llegada a la Argentina el 26 de febrero. Scatturice es el nuevo propietario de Flybondi y mantiene contactos con Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump. La Justicia abrió una investigación por posibles maniobras de contrabando.

Ese día, la aeronave aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery. Viajaban Laura Belén Arrieta, gerenta de operaciones corporativas de OCP TECH, y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. El avión permaneció en el país hasta el 5 de marzo. Luego partió hacia París. En ese tramo se sumó Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP, que había llegado a Ezeiza en un vuelo comercial el 3 de marzo.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas tomó intervención y pidió informes a la Aduana, a Royal Class y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Justicia solicitó los registros de cámaras y las declaraciones de los funcionarios que participaron en el operativo.

El dictamen fiscal expuso que el avión ingresó con diez valijas, pero los pasajeros solo declararon cinco. Esa diferencia quedó documentada en capturas de pantalla incluidas en un expediente de 60 páginas. Según las imágenes que trascendieron, el personal aduanero permitió el acceso de los pasajeros sin control estricto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio una explicación oficial en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, afirmó Adorni ante las preguntas de los periodistas.

Los fiscales señalaron varias irregularidades. El informe indicó que los pasajeros evitaron el escaneo de las valijas. No quedó constancia de vigilancia permanente del avión durante su estadía en el hangar. Además, surgieron contradicciones en la documentación migratoria. Los registros indicaban que el vuelo había partido de Fort Lauderdale, pero la nave salió en realidad de Opa-locka. Lo mismo ocurrió al momento de la salida. Mientras la documentación oficial marcaba destino a Fort Lauderdale, el avión voló hacia París, con escala en Tenerife, Islas Canarias.

El dictamen también remarcó que la Administración Nacional de Aviación Civil no incluyó registros del Bombardier Global 5000 en su sistema. Para los investigadores, esa omisión agravó las dudas sobre la operatoria.

Las filmaciones mostraron la forma en que los tripulantes y Arrieta pasaron por la zona de Aduana sin los controles habituales. “Mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje“, describió el dictamen.

Los fiscales también cuestionaron el trato preferencial que recibieron. “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control (…). El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, advirtieron.

Otro punto que generó sospechas fue la falta de grabaciones completas del hangar. La Policía Federal aportó filmaciones con lapsos de tiempo vacíos, por lo que la fiscalía no logró determinar si existieron movimientos no declarados durante la permanencia del avión. “Se revelan filmaciones parciales con huecos temporales donde no es posible observar ni monitorear de manera continua el estado ni la posición de la aeronave durante el lapso comprendido entre su ‘sellado’”, agregó el documento. Según los fiscales, ese procedimiento careció de un aval oficial válido.

Además, la Justicia investiga un episodio particular. En las imágenes aparece Arrieta con un teléfono que, según los fiscales, entregó a una agente de la Aduana. La funcionaria respondió con un gesto de aprobación. Por ese motivo, se pidieron medidas para identificar a esa empleada y a otros participantes de la operatoria.

La empresa COC Global, dueña de la aeronave, emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones. “COC Global es propietaria del avión Bombardier Global 5000 que fue señalado por versiones periodísticas luego de su paso por Buenos Aires en febrero pasado. Respecto del mencionado vuelo, es importante aclarar que los pilotos son empleados de la compañía y la única pasajera de ese vuelo es también empleada de la compañía”, informaron.

La compañía sostuvo que cumplió con todos los requisitos migratorios y aduaneros en cada escala. “El vuelo salió de un aeropuerto en los Estados Unidos con todos los controles migratorios y de aduana correspondientes. A su arribo recibió todos los controles que marca el protocolo para un avión en tránsito. El avión quedó en tránsito una semana, cerrado con llave en un hangar videovigilado y luego completó su vuelo hacia el destino final donde fue objeto nuevamente de todos los controles. No hubo ninguna irregularidad ni falta de controles”, aseguró la firma.

La causa judicial continuará con la recolección de testimonios y documentación para determinar si existió algún delito durante la operación del vuelo.