Antonio Carabio, titular del Colegio de Abogados de San Isidro y miembro del Consejo de la Magistratura provincial, conversó con LaNoticiaWeb Radio sobre el proyecto de reforma judicial presentado por el Ejecutivo.

“Democratizar la Justicia, desde mi punto de vista, debería tener que ver con garantizar el acceso al servicio de justicia para todos los habitantes. Para esto es necesario contar con mayores recursos de manera que las sentencias puedan salir en el menor tiempo posible”, opinó el abogado.

En este sentido señaló que “tenemos tribunales civiles y comerciales atestados de gente con imposibilidad de tomar audiencias. Si tuviéramos recursos, habría más personal y una audiencia en vez de fijarse de acá a dos años, se fijaría a seis meses”. “El Poder Judicial de la Provincia está en un estado crítico, con un presupuesto paupérrimo”, completó.

Con respecto a la situación del Consejo de la Magistratura provincial, Carabio indicó su preocupación por la “degradación de la característica técnica de este cuerpo. El cuadro técnico político gremial que llega a este lugar debería estar mucho mejor formado que un abogado común. En San Isidro vamos a hacer el primer Encuentro Provincial de Dirigentes de la Abogacía. Nuestro interés es que el dirigente sea una persona capacitada, enriquecida cultural y técnicamente. El compromiso con la comunidad es entregarle dirigentes formados, que tengan la capacidad para resolver problemas”.

Por último, se refirió a la regulación de las medidas cautelares que plantea el proyecto del Gobierno: “Es una barbaridad. Las medidas cautelares han sido el gran avance del derecho procesal”, aseguró, al tiempo que explicó su función práctica: “Si uno tiene que hacer un juicio contra una obra social para que le den una prótesis, por ejemplo, puede estar diez años esperándola. Una medida cautelar obliga a que antes de que salga la sentencia definitiva a uno le provean de esa prótesis. Bajo la regulación que se plantea, si la prótesis la entregara el ministerio de Desarrollo Social, a los seis meses uno la tendría que devolver. No hay lógica”, concluyó.