La implementación del anunciado “Plan Paraná” por parte del Gobierno Nacional representa un paso decisivo en la reconstrucción de la autoridad del Estado sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. No se trata solo de una política de seguridad sino de una estrategia de ejercicio efectivo de soberanía, logística y control territorial en una de las zonas más sensibles del país. La creación de un comando unificado, el despliegue de tecnología de vigilancia, la articulación federal y la inteligencia criminal aplicada al corredor fluvial son herramientas que responden a la visión de orden y legalidad que impulsa nuestro Presidente Javier Milei.

En Tigre, nos adelantamos a esa necesidad cuando todavía no había titulares ni operativos anunciados. Hace meses, el Concejo Deliberante —con el acompañamiento de todos los bloques— aprobó el Proyecto de Resolución (HCD 13/25 – D.E. Resolución 1329/25 del 16 de mayo de 2025) que presentamos junto a Juanjo Cervetto para ordenar institucionalmente las prioridades de seguridad en las islas del Delta, anticipándonos a un escenario que hoy el Plan Paraná confirma con total claridad.

Esa anticipación no surgió de un escritorio, sino del territorio y de los vecinos del Delta, que desde hace años vienen advirtiendo con precisión quirúrgica las zonas vulnerables, los movimientos sospechosos, los cambios en los patrones delictivos y la necesidad urgente de controles coordinados. Escucharlos fue el primer paso para diseñar una política integral.

El proyecto aprobado no fue improvisado. Fue construido con relevamientos territoriales, recorridas en las islas, diálogo directo con los isleños, análisis jurídico de competencias, evaluación comparada de operativos y conversaciones técnicas con quienes conocen cada canal, cada acceso y cada comportamiento fluvial. Sobre esa base pedimos, de manera formal, técnica e institucional, la intervención coordinada de distintas fuerzas y organismos, entre ellos la Prefectura Naval Argentina, la revisión de situaciones irregulares, la verificación de posibles plantaciones ilegales, el control de embarcaciones y motores, la sistematización de denuncias y la articulación con las fiscalías competentes. Es decir, diseñamos un esquema de acción territorial que vino a coincidir con los objetivos del Plan Paraná: control de vías navegables, prevención de actividades ilícitas, ordenamiento operativo y cooperación real entre niveles del Estado.

Desde una mirada técnica, esta coincidencia es evidente. El Delta funciona como punto de enlace entre la hidrovía y el territorio bonaerense, y cualquier estrategia federal que busque eficacia real debe incorporar la especificidad de estos entornos, tales como cursos secundarios, canales utilizados para eludir controles, zonas de monte con baja visibilidad, pequeños puertos improvisados y una dinámica habitacional dispersa que exige presencia estatal coordinada. Ese fue el espíritu del proyecto, anticiparnos a un escenario crítico y ofrecer un marco institucional claro para intervenir sobre él antes de que las circunstancias lo impusieran por emergencia. Hoy, esa anticipación encuentra un correlato directo en la política nacional. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que lleva adelante un modelo moderno y orientado a resultados, cuenta con una herramienta estratégica como el Plan Paraná. En este contexto, la integración de los aportes institucionales surgidos del trabajo realizado en Tigre, especialmente los vinculados a denuncias, relevamientos y análisis territoriales, se vuelve naturalmente valiosa para determinar prioridades, áreas críticas y complementar los despliegues federales con la mirada de quienes conocen el Delta desde adentro.

Aquí no hablamos de trámites, hablamos de conocimiento territorial, señales tempranas y el aporte concreto de los vecinos isleños que viven y sienten el Delta todos los días y cuyos testimonios permiten orientar con precisión cada decisión operativa. Cuando trabajamos el proyecto, lo hicimos porque entendíamos que el Delta estaba entrando en una etapa crítica. Hoy los hechos lo confirman, y el Plan Paraná lo reconoce como zona estratégica. Por eso consideramos que esa anticipación, política y técnica, no debe quedar aislada, sino que debe integrarse al flujo operativo federal.

La seguridad en nuestras islas del Delta no puede abordarse con voluntarismo ni con intervenciones aisladas; requiere planificación, anticipación y coherencia institucional. Y esa coherencia existe, la agenda aprobada en Tigre y la estrategia federal del Plan Paraná son piezas complementarias de un mismo propósito.

El momento de integrarlas es ahora.