Introducción al informe
En el marco de la triada de reformas impulsadas luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional ha propuesto una reforma tributaria con importantes alteraciones en materia de recaudación provincial, particularmente en lo atinente a la reducción del peso del Impuesto a los Ingresos Brutos. Seguidamente, la discusión sobre el reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, M. E. Vidal, abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores provinciales, cuyas arcas se encuentran en serios problemas de solvencia en un escenario de creciente endeudamiento en dólares.

A los fines de evitar que sea la Corte Suprema la que resuelva el conflicto del Fondo del Conurbano – como ya ocurrió con el fallo sobre los fondos coparticipables a fines de 2015, lo que se tradujo en un frente de conflicto con los gobernadores no beneficiados-, el gobierno nacional propone una solución consensuada con el conjunto de las provincias, donde se coparticiparía el impuesto a las ganancias en un 100%, efectuando un reparto entre todas las arcas provinciales. Ello permitiría paliar el efecto negativo que supone tanto la concesión a PBA del Fondo del Conurbano como la baja de ingresos brutos. Vale indicar la significación del peso de este impuesto en las recaudaciones provinciales: en promedio, en 2016 alcanza el 74% de los ingresos provinciales propios (sin coparticipación) superando en 9 de ellas el 80% de la recaudación (Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz).

Lo cierto es que esta medida “compensatoria” que coparticipa el 100% de impuesto a las ganancias implicaría, en los hechos, una nueva merma en los recursos de la ANSES dado que actualmente una porción de sus ingresos dependen del 20% del impuesto a las ganancias. El Gobierno propuso, complementariamente y también a modo de compensación en este caso hacia la ANSES, que se destinaría el 100% del Impuesto a Créditos y Débitos para el organismo (hoy alcanza el 70% y el 30% se coparticipa). Sin embargo, este último anuncio contradice uno de los puntos originarios de la reforma tributaria, donde el gobierno había anunciado la eliminación del Impuesto al Cheque, dado su carácter distorsivo. A ello pueden adicionarse las dudas respecto del impacto que tendría la utilización del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, disposición también contenida en la reforma.

En el presente documento analizamos la serie de medidas que –aparentemente aisladas – se dirigen a desfinanciar la caja de la seguridad social: la reducción de las contribuciones patronales propuesta en la reforma laboral (“blanqueo”), la propuesta de coparticipar el 100% de ganancias para concretar la concesión a Vidal y el acuerdo que estableció Frigerio con los gobernadores respecto de la devolución en cuotas del 15% de retención de ANSES a todas las provincias (5 cuotas de 3% por año). En este esquema, el dinero de los trabajadores – activos y pasivos- se convierte en el verdadero botín a ser apropiado.

En este sentido, sólo sería posible que la mesa no se caiga si aparece una tercera pata: la reforma previsional. Los cerca de 100 mil millones que la ANSES se ahorraría a través de la reducción de jubilaciones –vía actualización por inflación- financiarían estas modificaciones. La nueva guerra de pobres que propone Cambiemos es que los jubilados (de los cuales, el 50% percibe cerca de 7.500 pesos al mes) y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares financien las cuentas provinciales y las ganancias empresariales. La reforma fiscal es una inútil sábana corta donde cualquier signo de progresividad brilla por su ausencia.