La segunda versión del proyecto de ley Bases fue aprobada en su totalidad por la Cámara de Diputados poco antes de las 9 de la mañana, obteniendo 142 votos a favor y 106 en contra. Este logro se alcanzó gracias al respaldo mayoritario de los bloques dialoguistas, que incluyen al PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN. Sin embargo, el proceso de aprobación de los capítulos individuales se prevé extenso, ya que aún existen puntos clave como el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral y los impuestos al tabaco, que podrían ser objeto de rechazo o modificación.

Con el objetivo de evitar los errores que condujeron al fracaso del primer debate en febrero, el oficialismo logró establecer que el proyecto se vote en su totalidad por capítulos completos, evitando entrar en un debate artículo por artículo y sin ningún receso intermedio. Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, denunció: «Quieren reducir al mínimo el debate para agilizar el proceso, buscando que el tratamiento sea lo más opaco y menos transparente posible«. En este contexto, se aprobó con 134 votos la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Privatizaciones

El capítulo referente a las privatizaciones recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados este martes. Este paso significativo permitirá al Gobierno proceder con la desinversión de algunas empresas estatales, incluyendo a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, AYSA, TV Pública, Radio Nacional, entre otras. Cabe destacar que el Banco Nación ha sido excluido de esta lista.

A pesar de la amplia gama de empresas con participación estatal que La Libertad Avanza buscaba incluir para su eventual privatización, solo un reducido número de compañías quedarían en esa situación en caso de que la ley de Bases avance.

Declaración de emergencia

Se aprobó una declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, con 134 votos a favor. Esta declaración abarca varias áreas fundamentales para la gestión gubernamental y se dividen en:

1. Emergencia Administrativa: Este aspecto se refiere a la situación crítica en la que se encuentra la administración pública, donde pueden existir problemas graves en la gestión de recursos humanos, financieros y materiales. La declaración de emergencia administrativa otorga al gobierno ciertas facultades especiales para tomar medidas urgentes destinadas a solucionar estas deficiencias y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

2. Emergencia Económica: En este contexto, la declaración de emergencia económica reconoce la existencia de una crisis económica o una situación de emergencia que requiere acciones extraordinarias por parte del gobierno para estabilizar la economía, proteger a los sectores vulnerables y promover el crecimiento económico. Esto podría implicar la implementación de políticas fiscales, monetarias y financieras especiales para enfrentar la crisis y restaurar la estabilidad económica.

3. Emergencia Financiera: La emergencia financiera se refiere a la situación en la que el gobierno enfrenta dificultades significativas para cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de deudas, salarios y servicios públicos. En este contexto, la declaración de emergencia financiera permite al gobierno tomar medidas excepcionales para reestructurar su deuda, obtener financiamiento adicional y garantizar la continuidad de los servicios básicos.

4. Emergencia Energética: Esta área se refiere a la crisis o situación crítica en el suministro de energía, ya sea eléctrica, gasífera u otro tipo de energía. La declaración de emergencia energética otorga al gobierno la autoridad para implementar medidas urgentes destinadas a garantizar el suministro de energía, proteger a los consumidores y promover el uso eficiente de los recursos energéticos.

En resumen, la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética proporciona al gobierno herramientas y facultades especiales para abordar situaciones de crisis o emergencia en estas áreas y tomar medidas urgentes para proteger el bienestar de la población y estabilizar la situación.

Reforma Laboral 

Finalmente, el oficialismo incorporó al documento una reforma laboral que difiere de la versión negociada y acordada con la Unión Cívica Radical (UCR). A pesar de esto, la UCR brindó su respaldo al texto en su totalidad.

El Título V de la nueva ley Bases, titulado «Modernización laboral», introduce cambios en la legislación laboral que difieren de manera significativa del proyecto de Ley de Empleo Nº 24.013.

Aunque comparte ciertos puntos con el documento presentado por el radicalismo, estas modificaciones fueron consideradas necesarias por diputados del partido centenario, quienes incluso habían discutido sobre ellas con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en la Casa Rosada.

De este modo, tras la aprobación de Diputados, la refoma laboral incluirá estos puntos:

• Modificaciones en la legislación laboral existente: la reforma modifica significativamente las leyes 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) y 24.013 (Ley de Empleo), incorporando nuevos artículos y derogando otros, como el artículo 1 de la ley 25.323. Esto refleja un esfuerzo por simplificar y modernizar el marco legal laboral.
• Blanqueo y moratoria laboral: se introducen medidas para regularizar la situación de trabajadores no registrados. Esto incluye un periodo de blanqueo y moratoria para las empresas que decidan regularizar la situación laboral de sus empleados, promoviendo así la formalización del empleo.
• Extinciones penales y eliminación de deudas: el proyecto propone la extinción de acciones penales y la eliminación de deudas para las empresas que se adhieran al proceso de regularización laboral, además de la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
• Discrepancias con propuestas preexistentes: aunque inicialmente se había negociado y acordado una reforma con la UCR, el texto final presentado por el Gobierno incluye cambios significativos respecto a esa negociación inicial. El partido centenario, aunque apoyó el texto en general, expresó su decepción por la inclusión de una propuesta que desplazó a la suya, considerando la del Gobierno menos ambiciosa.

Facultades delegadas

Sobre las facultades delegadas, el texto aclara: “Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente”.

En este contexto, Milei propone reducir la cantidad de facultades delegadas respecto a la primera presentación del proyecto Bases.

Además, aclaró que “el Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

Según el artículo 76 de la Constitución nacional se «prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia púbica». Es decir, que esa delegación podrá darse, siempre y cuando cuente con «un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».

Esas bases, plazos y condiciones son las que, entre otras cosas, se debaten dentro del Congreso durante las últimas semanas. Según la Constitución Nacional, la delegación legislativa es la «habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo».