Un día después de que el fiscal Jorge Di Lello pidiera la indagatoria de Amado Boudou por el caso Ciccone, el vicepresidente se presentó hoy -minutos después de las 11- en los tribunales de Comodoro Py para elevar al juez Ariel Lijo documentación que explica su intervención en el proceso de levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

El funcionario, al salir de los tribunales, informó que elevó dos escritos en los que detalló su actuación como ministro de Economía en el salvataje de la imprenta que fabrica billetes y el posterior traspaso del capital accionario a The Old Fund. "Ya expliqué que es mentira, están en los escritos", dijo Boudou, al ser consultado sobre las acusaciones que planteó el fiscal Di Lello en su pedido de declaración indagatoria.

"Vine a poner a disposición, a prestar con toda la colaboración", dijo el vicepresidente, quien también reclamó que se dé trámite "lo más rápido posible" a las actuaciones para "que se pueda esclarecer todo".

"Soy el principal interesado" en que se aclare la situación judicial, dijo Boudou.

De acuerdo con el pedido de indagatoria que hizo ayer el fiscal Di Lello, hay pruebas que demostrarían que Boudou -además del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray- "se interesaron", en violación de la ley, por la suerte de la imprenta que fabrica papel moneda.

Boudou quedó comprometido porque intervino en favor del levantamiento de la quiebra en su condición de ministro de Economía, algo que no había hecho en ningún otro caso. Además, según el fiscal, el vicepresidente es cuestionado porque se habría reunido con los Ciccone, sus dueños originales, para -supuestamente- negociar el traspaso.

Echegaray, en tanto, está cuestionado porque le concedió a la imprenta un plan de pagos extraordinario, diferente de los otros 1363 otorgados por la AFIP, sostuvo el fiscal.

"DESVIRTUAR"

Diego Pirota, abogado de Boudou, dijo que "los fundamentos son insuficientes y equivocados", y acusó al magistrado y al fiscal de querer involucrar al vicepresidente con una clara intención política. "Todo lo que el juez hizo en diciembre fue desvirtuar la causa y la investigación. Se corre del foco real y hoy nos vemos en la obligación de dar una explicación que consideramos innecesaria", agregó.

Según Di Lello, Boudou y Echegaray deben ser citados a declarar como acusados del delito de negociaciones incompatibles con sus cargos, una figura que prevé una pena de uno a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua que, de ser condenados, les impediría ejercer cargos públicos.

No obstante, durante el curso de la investigación, aunque fueran indagados o procesados, seguirían libres y, en lo que respecta a la ley, podrían conservar sus cargos.

Según Pirota, Boudou le explicará al juez por qué el 8 de noviembre de 2010 firmó una nota, cuando era ministro de Economía, que apoyaba la decisión de la AFIP de conceder un plan excepcional de pagos a la nueva Ciccone, que estaba en quiebra.

La nota llama la atención en la Justicia por su trascendencia: el funcionario le puso su rubrica al documento, a pesar del dictamen que le envió el entonces director general de Asuntos Jurídicos del Palacio de Hacienda, José Guillermo Capdevila. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, calificaría luego esa nota de Boudou como "determinante" en el futuro de la empresa.