Dentro del contexto de pandemia por Covid-19, son  frecuentes los casos de tensiones y estrés por preocupaciones relacionadas al empleo, la seguridad, la salud y el dinero.  Esas situaciones  agravan los casos de violencia preexistentes en ámbitos intrafamiliares.

Con el objeto de socializar la información, el acceso a la justicia y a los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género e intrafamiliar, se han desarrollado en los distintos ámbitos del gobierno acciones que facilitan la asistencia y protección de víctimas.

Este lunes se realizó la segunda reunión de la Mesa Inter-poderes para la transversalidad de las políticas en el abordaje de las violencias de género, convocada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual PBA, con la participación de la Vicegobernadora Verónica Magario, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, el Presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermín, el Procurador General Julio Conte-Grand y el Ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial Sergio Torres en representación del Poder Judicial.

Que propone un sistema multiagencial de asistencia y protección a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar. Entre sus temas destacados se acordó: avanzar en el desarrollo de la aplicación para denuncias simultáneas e inmediatas en violencia por razones de género, La Ministra Estela Díaz propuso estudiar la creación de órganos de máxima jerarquía en la Corte provincial que sean rectores en materia de violencias por razones de género.

Detallan desde esa cartera que cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio ante el avance de la pandemia por COVID-19, la Línea 144 del Ministerio se reforzó con más personal especializado y equipamiento técnico para brindar asesoramiento, información y contención ante situaciones de violencia. También se implementaron líneas de whatsapp y telegram y se ampliaron los equipos de atención del área de casos críticos. Las denuncias comenzaron a encontrar canales y las formas de pedir ayuda se multiplicaron: en 73 días, del 20 de marzo al 31 de mayo, se registraron más de 8.000 llamadas, de las cuales el 40% corresponden a pedidos de ayuda de víctimas de violencia de género.  La Línea 144 es gratuita y confidencial, atiende las 24 horas todos los días del año y está conformada por un equipo de profesionales que cuenta con las herramientas para ayudar a contener y asesorar.

Por parte del Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak se propuso mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas; acelerar la respuesta judicial y penitenciaria, al tiempo que se planteó la necesidad de descentralizar la recepción de denuncias en los ámbitos Municipales. Por otra parte, se propuso la interacción de la Justicia para el abordaje integral de las víctimas y su grupo familiar y analizar proyectos de ley sobre estructuras especializadas en género en el ámbito judicial.

También se puso en agenda la necesidad de poner en marcha dispositivos tratamentales para varones violentos; de mejorar el registro de la población penitenciaria a fin de instrumentar programas específicos para varones privados de la libertad por causas de violencia de género y su egreso. Finalmente, se propuso la posibilidad de establecer una comisión bicameral para el seguimiento de género.

En la legislatura de la provincia de Buenos Aires se declaró el pasado 21 de mayo la emergencia en materia de violencia familiar y de género que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar partidas para atender esa problemática. La norma Encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignar las partidas presupuestarias

Norma que propone fortalecer la Red de Hogares Integrales, articulando las intervenciones entre las distintas jurisdicciones, construyendo procedimientos y protocolos comunes de ingreso, permanencia y salida y adecuando estándares básicos comunes de atención. También autoriza al Ejecutivo a la contratación directa de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimiento que brinden servicios de hotelería o alojamiento temporario, a los efectos de que transitoriamente cumplan las funciones de refugios temporarios.     Según la ley, esos refugios funcionarán como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia y la de sus convivientes, que puedan ser objeto de situaciones de violencia y la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica y sexual. También invita a las universidades, institutos universitarios, institutos de educación superior y organizaciones sociales, a prestar servicios de asistencia ad honorem y de voluntariado para atender situaciones de violencia en el marco de la emergencia declarada por esta ley.

Por último la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante resolución N°12/20, prorrogó las medidas cautelares o de protección a mujeres víctimas de violencia y aquellas de restricción a la capacidad o adultos mayores. Esta resolución abarca todas las medidas de protección judicial tales como exclusión del hogar, restricción perimetral, prohibición de acercamiento y contacto, dispositivos de alerta y otras vinculadas a violencias por razones de género, las que continúan vigentes hasta el 31 de marzo y mientras se mantenga el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional.

Las medidas llevadas a cabo se complementan con los sistemas de protección y asistencia de los distintos ámbitos de gobierno, existentes previos a la Pandemia, ahora en funcionamiento de manera remota en su mayoría. Como vemos las acciones señaladas procuran prestar un integral abordaje multiagencial a la problemática de violencia de género e intrafamiliar, brindando apoyo psicosocial a las víctimas, asistencia, contención y protección frente al agresor.

El tratamiento institucional y el establecimiento de los principios rectores de abordaje, llevados a cabo por parte de los tres poderes del estado provincial, demuestra un serio compromiso en disminuir las falencias que pudieran llegar a existir a raíz del nuevo contexto.

(*) Abogado,  Maestrando en Derecho Penal, Profesor Facultad de Derecho UNLZ.