Leonardo Grosso, junto a diputados nacionales del FPV, acusó al gobernador de Córdoba de "encubrimiento" y "complicidad" en situaciones de violencia institucional y torturas. Aseguraron que se trata de la "política represiva" que aplica el mandatario provincial.
La denuncia efectuada por legisladores kirchneristas cordobeses se vincula al hallazgo de dos camastros de hierro y diecisiete cadenas en el hospital de una cárcel en Córdoba, que habrían servido para "estaquear" a los prisioneros como en la época medieval.
Como se recordará, la Procuraduría sobre Violencia Institucional creada por la procuradora de la Nación había encabezado la semana pasada el operativo contra el establecimiento del Sistema Penitenciario de Córdoba.
En el hospital del edificio se encontraron dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que -según denunciaron varios de los allí detenidos- eran utilizados por los guardias "para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas".
El diputado Leonardo Grosso, impulsor de la denuncia pública realizada en la Cámara baja, señaló el "encubrimiento de la provincia de Córdoba y la complicidad" de Juan Manuel De la Sota en los casos de torturas que se aplicarían fundamentalmente a jóvenes de barrios populares.
Grosso destacó la "complicidad" del gobernador en los hechos denunciados porque "en vez de iniciar investigaciones administrativas ante esas situaciones de torturas detectadas" procura denunciar penalmente a quien las descubrió, Abel Córdoba, titular de la Procuraduría Federal contra la Violencia Institucional.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes los diputados nacionales Carmen Nebreda, Daniel Giacomino, Nora Bedano, Monica Gutiérrez; junto a Araceli Ferreyra, Jorge Rivas, Adela Segarra y Remo Carlotto, quien preside la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.
El coordinador de la campaña contra la violencia institucional en Córdoba, Andrés Guzmán, afirmó que en la provincia rige "un código de faltas que estigmatiza a los jóvenes más pobres", el cual indicó que posibilita que el 80 por ciento de las detenciones sean por "merodeo" y por negarse a identificarse.
Guzmán sostuvo que "esto tiene que ver con una política represiva, de mano dura" que aplica De la Sota vinculada "a la campaña 2015" para llegar a la Presidencia.
