Finalmente, el gobierno porteño firmó este miércoles el acuerdo con el Sindicato de Camioneros que permitirá superar el conflicto con Hugo y Pablo Moyano por la estatización del sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires: desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros hasta que pasen a la empresa que gane la licitación para encargarse de este servicio.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, pero las tratativas que mantuvieron con los sindicalistas la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, terminaron con un entendimiento firmado por ambas partes.

La paz alcanzada tendrá un costo adicional: cada uno de los 500 empleados cobrará una indemnización de 4 millones de pesos en concepto de la llamada “Ley Moyano”, una modalidad que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

El acuerdo fue rubricado hace 24 horas por el secretario Gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, y los funcionarios porteños López Menéndez y Jarvis, y este jueves también será firmado por Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Capital y provincia de Buenos Aires.

Esta polémica concesión a los Moyano, según temen en el larretismo, podría originar roces con socios de Juntos por el Cambio como Elisa Carrió, quien había cuestionado la prórroga de los contratos existentes con Dakota y BRD porque las empresas habían cumplido “21 años de servicio irregular”. En Uspallata preocupa la posibilidad de que la fundadora de la Coalición Cívica critique el acuerdo con los Moyano, que implicará pagar 2000 millones de pesos para indemnizar al personal de las empresas que fueron estatizadas. Lo mismo, se sospecha, podrían hacer los “halcones” de la oposición.

Una investigación publicada en julio pasado en Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día.

La Coalición Cívica estaba dispuesta a sumarse en la Legislatura porteña a 28 diputados opositores del llamado “frente antigrúas” que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo. Por eso finalmente el gobierno porteño dispuso la estatización del servicio y esa decisión derivó en el conflicto con el Sindicato de Camioneros por el destino de los 500 trabajadores.

Hubo semanas de intensas negociaciones, signadas por la amenaza moyanista de movilizar a sus afiliados ante la Legislatura para protestar porque los empleados del acarreo iban a quedar en un limbo legal. Ahora, según el acuerdo alcanzado, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) hasta que se sepa quién ganó la licitación, pero los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo.

La “ley Moyano” comenzó a tomar forma en 1998 cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el Sindicato de Camioneros, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.