El edil del PJ había sido sometido a juicio oral y público por irregularidades en la inscripción del Plan de Jefes de Hogar. El Tribunal Oral No 3 de San Martín decidió absolverlo de los cargos.
El día 19 de Octubre tuvo lugar la audiencia de debate en el juicio oral y público seguido al Concejal Alejandro Keck por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública.
Tras escuchar las declaraciones de casi una veintena de testigos, denunciantes, funcionarios municipales, ex funcionarios nacionales y provinciales, con fecha 23 de Octubre, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, decidieron por unanimidad absolver a Keck de todos los cargos que se le imputaban.
Así finalizan 4 largos años de investigaciones a partir de la denuncia que efectuaran el Concejal De Vita y el Diputado Raimundi, ambos del ARI, a pocos días de las elecciones de Septiembre de 2003, con referencia a la gestión de Keck en el Ministerio de Trabajo de la Nación durante los meses de la crisis de 2002.
El disparador había sido un programa periodístico del ciclo Punto Doc, en el que se sugerían manejos irregulares del Plan Jefes de Hogar Desocupados.
En el juicio quedó probado que tales irregularidades no existieron y que Keck no tuvo responsabilidad penal alguna. Entre las pruebas más contundentes figuran la pericia técnica de Gendarmería Nacional que comprobó que el video había sido editado con, al menos, 177 cortes y superposiciones de voces.
Los denunciantes no agregaron una sola foja al expediente e inclusive manifestaron que el motivo de la denuncia era “lo que habían visto por televisión”.
A ello deben sumarse los numerosos testimonios que en el caso de los funcionarios explicaron la existencia de normativa que habilitaba la carga de beneficiarios por parte de la Provincia de Buenos Aires, así como también numerosas contradicciones entre los testigos que acusaron a Keck en un primer momento.
El propio Ministerio de Trabajo aclaró que nunca hubo un cierre oficial del programa. También los funcionarios de la actual gestión municipal incurrieron en contradicciones y dudas en el manejo de la gestión del citado programa de Inclusión Social, que llegó a tener más de 2 millones de beneficiarios en todo el país durante la peor crisis socio económico de la Argentina.

